Los obispos de la UE critican que se pueda financiar el aborto con fondos sociales europeos
COMECE ha celebrado que la Comisión Europea no vaya a crear un fondo específico para el aborto transfronterizo, pero rechaza que la alternativa sea financiarlo con fondos sociales pensados para promover la inclusión
Los obispos de la UE celebran que la Comisión Europea haya renunciado a la propuesta de destinar fondos europeos para financiar el aborto transfronterizo. Esta idea había partido de la iniciativa ciudadana europea (equivalente a una ILP) Mi voz, mi decisión. Sin embargo, rechazan la alternativa ofrecida, que consiste en que los países que lo deseen utilicen los fondos sociales europeos para este fin.
En un comunicado hecho público este miércoles, la presidencia de la Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE) afirma que «acoge con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de no presentar al Parlamento Europeo y al Consejo» la propuesta. Sobre todo cuando la Eurocámara ya la había apoyado en diciembre. «Esta decisión reconoce claramente la necesidad de respetar los límites de las competencias de la Unión Europea y de salvaguardar el principio de subsidiariedad», asegura la cúpula de COMECE.

El 26 de febrero, la Comisión Europea descartó crear un fondo específico para financiar que mujeres de países donde el aborto está restringido viajen a otros más permisivos. Esta petición procedía de la iniciativa ciudadana europea Mi voz, mi decisión, que recogió 1,2 millones de firmas solicitándolo.
En su respuesta, la Comisión Europea proponía que, en vez de financiación europea propia, «los Estados miembros pueden, si así lo desean, usar los fondos sociales FSE+ para mejorar el acceso igualitario a servicios sanitarios legalmente disponibles y asequibles, incluyendo un aborto seguro». De hecho, se amparaba en ello para considerar que «no es necesario» un nuevo fondo.
¿Qué fondos sociales necesitan?
Al episcopado de la Unión le suscita «seria preocupación» esta alternativa. El programa FSE+ «fue concebido originalmente para promover la inclusión social, apoyar el empleo y prevenir que las familias —especialmente aquellas con hijos— caigan en la pobreza». Emplearlo para financiar abortos «se aparta de su finalidad original».
Por otro lado, los representantes de los obispos de la UE subrayan que financiar los abortos «no constituye un verdadero apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad». Lo que estas necesitan «es una asistencia social, económica y sanitaria eficaz» para seguir adelante con su embarazo «sin sufrir consecuencias sociales o económicas negativas». Las mujeres europeas «deben ser realmente ayudadas a acoger la maternidad y nunca deberían sentirse obligadas a abortar debido a presiones» en estos ámbitos.

Este uso de los fondos sociales «corre el riesgo de generar fricciones políticas en lugar de reforzar la cohesión». En cambio, las políticas que «promueven verdaderamente la dignidad de la mujer y fortalecen la cohesión dentro de la Unión» son aquellas que «refuerzan la protección de la maternidad, el apoyo a la familia y la inclusión social son las que promueven».
¿Cómo afecta a España?
España sería uno de los once países que, según los promotores de Mi voz, mi decisión, desviaría parte de sus fondos FSE+ para financiar abortos. Esta ayuda se daría tanto a mujeres españolas como procedentes de otros países europeos. Fuentes de Moncloa ratificaron a EFE que «España usará la vía que se habilite para ello, comprometida con el acceso efectivo al derecho al aborto».
𝑺𝑻𝑨𝑻𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 | Ahead of tomorrow’s @Europarl_EN vote on #MyVoiceMyChoice, we call on MEPs to exercise responsibility. “What is needed is not further ideological division, but prudent policies that protect/support women & safeguard unborn human life.” https://t.co/W5mmyXVjSP pic.twitter.com/h56yrof4JN
— The Catholic Church in the EU (@ComeceEu) December 16, 2025
Además, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Eslovenia, Suecia, Dinamarca y Estonia ya han dado pasos para ello. En una carta conjunta a la Comisión Europea, la instaron a «tomar medidas para definir cómo se podría aplicar en la práctica» la iniciativa ciudadana.
Según la Comisión Europea, esta opción no interfiere con las competencias de los Estados que restringen el aborto. Señala además que el instrumento que se cree para esto «debe ser plenamente neutral respecto al lugar de procedencia o residencia del paciente y no puede ir dirigido específicamente» a mujeres de estos Estados miembro.
«Dignidad intrínseca»
COMECE recuerda que la enseñanza de la Iglesia sostiene que «el aborto directo —es decir, querido como fin o como medio— es gravemente contrario a la ley moral». Además, «la investigación científica confirma cada vez más que desde la fecundación surge un nuevo ser humano».
Como tal, el embrión o el feto está «dotado de dignidad intrínseca y merecedor de la protección fundamental debida a toda vida humana». Desde COMECE se exhorta «firmemente» a que las cuestiones que afectan a esta dignidad «no sean instrumentalizadas en el debate político ni utilizadas con fines ideológicos».
Para los promotores de Mi voz, mi decisión, que la Comisión Europea dé luz verde al uso de los fondos FSE+ para financiar el aborto transfronterizo es una victoria, si bien no la que buscaban. En cualquier caso, el éxito de esta iniciativa, con 1,2 millones de firmas, contrasta con el rechazo de la UE en 2014 a la ICE One of us, que pedía medidas de protección para los embriones.
En concreto, pedía que no se financiaran con fondos europeos la investigación con células troncales embrionarias ni el aborto en países del tercer mundo. A pesar de haber logrado 1,7 millones de firmas —el mayor apoyo a una iniciativa ciudadana hasta entonces—, la Comisión Europea decidió vetarla.