Los obispos de Ecuador piden políticas de Estado urgentes ante la violencia en las cárceles

«No entendemos que un Gobierno no pueda hasta hoy cortar y parar esta violencia, que tanto dolor y muerte está produciendo», ha denunciado el vicario apostólico de Puyo, Rafael Cob, sobre la última masacre en la cárcel litoral de Guayaquil. A pesar del Estado de excepción declarado a finales de septiembre, 68 presos fallecieron entre el viernes y el sábado y otros 25 resultaron heridos por un nuevo enfrentamiento entre bandas.

«El problema es grave para el Gobierno y para todo el país. No podemos dar treguas o Estados de excepción provisionales. Son políticas de Estado las que tienen que aplicarse con urgencia y prioridad por encima de otros problemas económicos o sociales», escribe el obispo español en un artículo publicado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Los fallecidos del fin de semana se suman a los 118 muertos en circunstancias similares el 28 de septiembre, acercando así la cifra total a los 200 solo entre estas dos masacres, y a los 300 si se suman otros dos motines en febrero y julio. Además, los altercados se han seguido produciendo en las últimas semanas a pesar del Estado de excepción. Varios presos han sido colgados, y el 2 de noviembre una riña causó tres muertos.

«Violencia inhumana y sádica»

El detonante del último enfrentamiento se produjo cuando un pabellón se quedó sin su cabecilla al ser puesto en libertad y otras bandas intentaron doblegar a sus miembros para controlarlos. Los atacantes quisieron dinamitar una pared y quemaron colchones para generar humo tóxico.

El hecho de que algunos de los cuerpos fueran mutilados o quemados dificultó la identificación de cerca de una tercera parte de ellos en los primeros días. Solo 45 de los 68 pudieron ser identificados por sus huellas dactilares. Esto lleva a Cob a denunciar «la violencia inhumana y sádica, que rebasa todos los límites que el ser humano puede imaginar».

La causa del problema, insiste, es «el narcotráfico, que mueve a las bandas rivales existentes dentro y fuera de la cárcel». Esto lleva a que «el control de la cárcel no lo tiene la Policía, sino los propios presos». Pero el problema va más allá. «La violencia en las cárceles no es más que una expresión de lo que se da en la sociedad», se expresaba el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Luis Cabrera, en una entrevista a un medio local.

La Iglesia pide prevención

Por ello, «además del sistema de rehabilitación, nosotros insistimos mucho más en el tema de la prevención». En Guayaquil, relataba Cabrera, «vemos que los niños y los jóvenes desde muy tempranas edades comenzaban a consumir drogas y son reclutados para el sicariato». En el mismo sentido, Cob pide que «todos asumamos también como ciudadanos nuestra responsabilidad: ¿qué hacemos para que haya menos presos en las cárceles? ¿Para que haya menos violencia en las calles y en las familias? ¿Para que haya menos drogas?».

Los obispos en su conjunto, en un comunicado ofrecido a Aleteia, concluían que «el alto número de fallecidos es un precio muy grande para mantener un negocio de muerte y dejar impasible a una sociedad que se siente temerosa, acongojada e imponente; que corre el peligro de exigir más muertes pensando con ello en su seguridad individual».