Los obispos de Chile condenan los ataques contra inmigrantes venezolanos
La Conferencia Episcopal Chilena invita a los católicos a «no asumir ni promover actitudes hostiles al inmigrante»
La Iglesia en Chile ha manifestado su rechazo a «los actos de violencia cometidos contra hermanos inmigrantes en la ciudad de Iquique, ocurridos en los últimos días». Se refieren a incidentes como la quema el fin de semana de carpas y de las pertenencias de los inmigrantes, sobre todo venezolanos, que acampan en la ciudad.
Los disturbios se produjeron al final de una multitudinaria marcha contra la migración. Iquique es la primera ciudad grande a la que llegan los inmigrantes que entran por el norte del país. En sus calles se encuentran varados unos 3.500 extranjeros, que viven en campamentos improvisados. El viernes, los carabineros desalojaron uno de ellos, en la plaza de Brasil, en el que había un centenar de personas.
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Chilena reconoce que la llegada masiva de migrantes puede hacer difícil la convivencia. Pero, por lo mismo, «se requiere una acción coordinada de las autoridades locales y nacionales para hacer frente a una situación que no se puede dejar a la deriva». La «indolencia o negligencia» del Estado «solo agrava el problema».
En este sentido, hacen un llamamiento para que ofrezcan «espacios de acogida en condiciones dignas, que permitan no cargar a las comunidades locales». Al mismo tiempo, piden «facilitar los procesos de regularización de acuerdo con la ley y coordinar acciones internacionales a nivel regional» para afrontar un problema, la crisis migratoria venezolana, que afecta a todo el continente.
Además, los obispos se muestran tajantes al criticar las actitudes xenófobas y violentas, pues dañan la dignidad humana. «Todo emigrante es una persona que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación», afirman, citando la encíclica Caritas in veritate, de Benedicto XVI. «Si la dignidad de la persona humana no queda a salvo y, por el contrario, consideramos a algunos menos valiosos o descartables, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la supervivencia de la humanidad», añaden.
Regular no es impedir
«No podemos olvidar que detrás de la migración hay situaciones de pobreza, de violencia y de crisis de las que se huye». Es un fenómeno doloroso pero «también un derecho humano, porque las personas tienen derecho a buscar una vida mejor y a huir de la desesperación». Igual que en otra época los chilenos, que «fueron acogidos y encontraron un espacio de desarrollo en otros países».
Por este motivo, los obispos invitan a los católicos a «no asumir ni promover actitudes hostiles al inmigrante». Esta mentalidad «no puede prevalecer por encima de las más hondas convicciones de fe, que nos hacen sostener el valor de cada persona humana y la ley suprema del amor fraterno», afirmaban, recordando que el día anterior se había celebrado la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
«Todos estamos de acuerdo en que la migración debe ser regulada, pero regular no es lo mismo que prohibir o hacerla imposible inflexiblemente. La migración no debe ser vista solo como una amenaza, sino como una oportunidad para construir un futuro de paz», afirma el comunicado.
La Cámara de Diputados de Chile dio el martes un paso más hacia la despenalización del aborto al aprobar una inédita moción que lo legaliza hasta las 14 semanas de gestación, un proyecto que genera gran controversia en el país y que aún tiene por delante un largo recorrido legislativo.
Con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones la Cámara baja ratificó una reforma al Código Penal que busca librar de sanciones a las mujeres que lleven a cabo una interrupción voluntaria del embarazo hasta cumplir las 14 semanas de gestación. La Cámara de Diputados debe aún concretar el articulado de la iniciativa, que es la que más lejos ha llegado en la historia de Chile, y luego pasará por el Senado.
El proyecto haría que el aborto no fuera punible, pero no lo garantizaría como un derecho libre y gratuito, puesto que para que un proyecto de ley pueda incurrir en gastos en Chile debe contar con el apoyo del Gobierno, que rechaza frontalmente la norma.