Los obispos colombianos apuestan por corredores humanitarios en la frontera con Panamá

La Conferencia Episcopal de Colombia, la red CLAMOR (Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas) y el secretariado episcopal de América Central, Sedac, han emitido un comunicado alertando de la grave situación en la que se encuentran los al menos 10.000 migrantes que tratan de atravesar el Tapón del Darien, en la frontera entre Colombia y Panamá, entre ellos niños y mujeres embarazadas. Procedentes de varios países, se enfrentan a las ya de por sí duras condiciones migratorias, junto al «desconocimiento sobre la cruda realidad en la selva, su entorno natural y la presencia de grupos irregulares con dominio en dicha zona». La zona es, de hecho, una de las selvas más peligrosas del mundo, escenario actualmente de una crisis humanitaria sin precedentes.

La nota remite al llamamiento del Papa de «acoger, proteger, promover e integrar» a los refugiados y migrantes. «Como Iglesia –aseguran los obispos citando Fratelli tutti–, nuestro llamado es a brindar al prójimo una atención efectiva que provoque una orientación para alcanzar su bien gratuitamente y un servicio caritativo». La realidad de las personas migrantes, añaden, «constituye una señal de alarma que nos advierte de la decadencia moral a la que nos enfrentamos si seguimos dando espacio a la cultura del descarte».

Ante esto, piden un trabajo conjunto entre gobiernos, organizaciones gubernamentales y sociedad civil «para humanizar la atención y el trato hacia los migrantes, y garantizar mínimos de asistencia en alimentación, salud y convivencia». En concreto, solicitan la presencia «permanente y coordinada» de las autoridades en esta zona fronteriza y en aquellas afectadas por el flujo migratorio «para la implementación de corredores humanitarios que garanticen la entrada legal y el tránsito seguro, ordenado y regular por los territorios». Igualmente, piden la aplicación de «visas humanitarias» para las personas en situaciones «particularmente vulnerables», así como la aplicación de protección internacional a los refugiados.

Por último, solicitan establecer lugares de acogida con «las condiciones mínimas para garantizar una recepción digna y evitar situaciones de vulneración social» que puedan llevar a, entre otros, la trata de personas. El trabajo pasa, en definitiva, por reconocer a los migrantes «como seres humanos con una emergencia que los impulsa a una movilidad llena de riesgos, de necesidades y de desafíos constantes».

Según datos oficiales, 49.000 migrantes han cruzado de Colombia a Panamá en lo que va de año; la mayoría, haitinaos y cubanos de camino a Estados Unidos y Canadá. El pasado viernes, las cancilleres de ambos países, Erika Mouynes (Panamá) y Marta Ramírez (Colombia), acordaron controlar el flujo migratorio en la zona, permitiendo el paso de 650 personas al día.