Los jesuitas, el nuevo rostro de la persecución

El Gobierno de Daniel Ortega tenía ganas a la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua desde los primeros compases de la crisis sociopolítica que se desató en abril de 2018. En el país no existen direcciones postales. La gente se orienta gracias a elementos arquitectónicos presentes en la vía pública, lo que en su día convirtió a la UCA en el epicentro de muchas de las protestas contra el Ejecutivo. «Las marchas se iniciaban en el entorno de la universidad o pasaban por ella», explica a Alfa y Omega Eduardo Valdés, SJ, exrector de la universidad.

La cercanía de las manifestaciones y la cruenta represión desatada por las autoridades provocó que cientos de jóvenes buscaran refugio entre los muros de la institución educativa, que abrió sus puertas para acoger a los perseguidos. Junto a esto, la posición crítica de la Compañía de Jesús contra la deriva dictatorial emprendida por el régimen de Ortega colocó a la UCA en la diana de la pareja presidencial. Tanto Ortega como Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta del mandatario, llevaban bastante tiempo preparando el golpe contra el centro de educación superior.

«Todos los años los responsables de la UCA acudían a entregar la documentación que se debe dar al Ministerio de Gobernación, pero no se la recogían ni les daban ningún tipo de resguardo que dejara constancia de que se había intentado presentar», explica José María Tojeira, SJ, designado por la Compañía de Jesús como su portavoz ante este caso. «Suponemos que hace tiempo se dio la orden de no recoger la información para poder acusarnos en cualquier momento de que no la habíamos entregado», como así ha ocurrido.

El Ministerio Fiscal imputó a la universidad por transgredir «el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país». Incluso tildó a la UCA de «centro de terrorismo» por instigar supuestamente a los jóvenes contra el Gobierno. «Lo cual es absolutamente falso», confirma el actual rector de la vecina UCA de El Salvador, Andreu Oliva, a este semanario. Unas acusaciones que llevaron a Ortega a congelar las cuentas de la universidad, a cancelar la personalidad jurídica de la orden en el país y a incautar todos sus bienes.

La Compañía de Jesús, sin embargo, no los da por perdidos y esperan que puedan ser devueltos en un periodo relativamente corto. De hecho, los jesuitas están pensando en la posibilidad de acudir a instancias internacionales, como la ONU o la OEA, «para exigir la devolución de los que nos han quitado de modo arbitrario. Es importante que a través de las instancias internacionales quede constancia del abuso», subraya Tojeira, que confirma que la Compañía está trabajando ya en la elaboración de una demanda internacional.

«Echaron a todos a la calle»

Junto con la UCA, a la orden religiosa también le fue incautada la casa —Villa del Carmen— donde residían los jesuitas, que fueron expulsados por la Policía. «Echaron a todos a la calle y la comunidad se tuvo que buscar otro sitio donde alojarse, aunque gracias a Dios están bien», explica Andreu Oliva, que pudo hablar con sus hermanos.

Los religiosos «son conscientes de que en cualquier momento los pueden expulsar del país», por eso «están actuando de forma prudente», añade José María Tojeira, que conoce bien hasta dónde puede llegar la persecución contra los jesuitas. En 1989 él mismo se encontraba en El Salvador, a unos pocos pasos del lugar en el que mataron a cinco jesuitas españoles —entre ellos Ignacio Ellacuría—, otro salvadoreño y dos mujeres. «Desde mi ventana hasta el lugar donde los mataron había solo 40 metros», explicó el entonces provincial de la orden en Centroamérica a Alfa y Omega.

En este caso «no creemos que sus vidas estén amenazadas», porque el modus operandi del régimen de Ortega contra las órdenes está siendo otro. De todas formas, la Compañía ha tenido que sacar del país a varios jesuitas por cuestiones de edad. «Lo que ocurre es que la persona jurídica que nos eliminaron era la que utilizábamos para enviar fondos para sufragar los gastos sanitarios de los ancianos que teníamos en la enfermería. Ahora no podemos enviar ese dinero y, por ello, creemos que los más mayores están mejor en otro país de Centroamérica donde puedan recibir la atención que necesitan», concluye el portavoz de la congregación.