Los hombres víctimas de trata «creen que han nacido para ser esclavos»

«Los hombres víctimas de trata es muy complicado que se identifiquen como tales», explica a Alfa y Omega Neus Prat, coordinadora del centro que la Fundación Cruz Blanca tiene en la provincia de Huesca con recursos específicos para varones. «No entienden que lo que les ha pasado es un delito y, si vienen de un país con sistema de castas, creen que han nacido para ser esclavos», añade la experta de esta organización creada por los Franciscanos de Cruz Blanca.

Solo en 2022, la Policía Nacional y la Guardia Civil identificaron 1.180 víctimas de trata en España. De ellas, un 47 % eran hombres. Las víctimas masculinas de explotación sexual están en torno al 5 % y el resto trabaja bajo regímenes de semiesclavitud, como las redes de mendicidad, las campañas de sol a sol en el mundo de la agricultura y la hostelería o el trabajo en tiendas de comestibles, en establecimientos a la vista de cualquiera que detrás tienen intrahistorias de abusos en materia laboral.

Neus Prat explica que las personas víctimas de trata a menudo son reclutadas a través «de ofertas laborales fraudulentas en Facebook de grupos de su propia diáspora». A veces tienen detrás «mafias muy grandes». Otras, basta con las malas artes de una sola persona con la posibilidad de aprovecharse.

Para retener a sus víctimas una vez aquí, los explotadores les atribuyen cuantiosas deudas que les obliguen a trabajar gratis hasta saldarlas, momento que nunca llega. «Les hacen contratar un préstamo en su país para viajar», lo que da poder a su financiador para «amenazar a su familia en el origen». Una coacción que se combina en el destino con un precario alojamiento a precio de oro donde les recluyen nada más llegar. Como resultado, hasta quienes saben que «aquella explotación no es legal» terminan creyendo que «no tienen otro remedio». El hermano Julio José Moreno, franciscano y director de la casa que la Fundación Cruz Blanca tiene en Almería, añade que, para crear deuda, otros explotadores inician a sus víctimas en la droga, «les crean una adicción y a través de ella les tienen manipulados». Naturalmente, también les cobran las sustancias, estrechando un cerco del que cada vez es más difícil escapar.

De inspiración franciscana, nació en 2004 —cumple ahora 20 años— y se financia con fondos del Estado y con donaciones de particulares.

7.603 inspecciones preventivas de la Policía se realizaron en 2022. De ellas, 1.810 fueron en lugares de prostitución y 5.793 en centros de actividad laboral.

5 % de las víctimas identificadas de explotación sexual son hombres.

Javier Morillo, responsable de Comunicación de la fundación, explica que la primera tarea que realizan es la «prospección», es decir, encontrar los abusos para combatirlos. En el caso de la prostitución, «buscamos en internet anuncios de hombres». «Antiguamente los localizábamos en los periódicos, pero hemos actualizado nuestras estrategias», explica Neus Prat. En el caso de la agricultura, los técnicos que trabajan en el proyecto de los franciscanos rondan en coche las explotaciones sobre las que sospechan y tratan de hablar con los jornaleros. «Para establecer un vínculo es importante que seamos sistemáticos; siempre vamos los mismos días a las mismas horas», revela Moreno.

Con esta presencia, tanto los técnicos como los hermanos —la mayoría de ellos, con conocimientos profesionales de psicología, trabajo social, mediación cultural— son una cara conocida para quien un día se atreva a pedir ayuda. «Nuestro trabajo es estar para cuando llegue el momento», explica Morillo.

La suma de abusos que se combina en estas personas —laborales, adicciones obligadas, sexuales— provoca que, cuando consiguen alojamiento en la fundación, necesiten todo tipo de cuidados para rehacer su vida, pero lo acaban consiguiendo. Cuentan con programas de empleo y, aunque los responsables pretenden que su itinerario dure lo menos posible, «están siempre acompañados» mientras les ayudan a gestionar la protección a la que tienen derecho.

Lo más frecuente es que, según se desarticule una red, la Policía Nacional y la Guardia Civil les deriven a sus víctimas. Para ellos, la fundación cuenta con 84 plazas en viviendas y 521 en centros cedidos por otras entidades y sufragados por el Estado. En total, reúnen a 320 trabajadores, «la gran mayoría en jornada completa». «Casi todos nuestros recursos son de 24 horas», añade Morillo. El responsable de Comunicación reconoce que, en ocasiones, «por presiones de familiares o por la deuda contraída» sus usuarios vuelven a las redes de sus captores. Pero desde la fundación siguen disponibles, porque «lo importante es que mantengan el contacto» y no pierdan ese banderín de enganche con la libertad.