Los delitos de aporofobia son «un iceberg» porque no se suelen denunciar

La fiscal de la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, María Jesús Raimundo, ha advertido de que los delitos cometidos por aporofobia —es decir, por odio a los pobres— sufren una «infradenuncia» que impide conocer su verdadera magnitud. «Es un iceberg» porque solo se percibe una mínima parte de los casos que realmente ocurren.

Durante la inauguración de la III Conferencia Internacional sobre Aporofobia o Rechazo a la Pobreza, organizada por IQS-URL en Barcelona, Raimundo ha subrayado que esta forma de discriminación «se da en una mayor magnitud que otros delitos de odio» y ha reclamado una respuesta «integral y conjunta» de los poderes públicos.

Desconfianza en las instituciones

Entre las causas de la infradenuncia, Raimundo ha mencionado la desconfianza en las instituciones, el miedo de las víctimas a no ser creídas, el desconocimiento de sus derechos o su situación de extrema vulnerabilidad. «En muchos casos son personas extranjeras que temen que se conozca su situación irregular, no hablan el idioma o padecen problemas de salud mental o discapacidad», ha añadido.

La fiscal ha insistido en la necesidad de avanzar en la especialización profesional y en el acompañamiento a las víctimas mediante «oficinas donde se las pueda asesorar y acompañar» y foros que fomenten la sensibilización. También reclamó desarrollar legislación estatal, autonómica y municipal, además de protocolos que garanticen una respuesta coherente.

Estereotipo, prejuicio y acción discriminatoria

Raimundo ha distinguido tres niveles en los comportamientos de odio: el estereotipo, el prejuicio y la acción discriminatoria. Esta última incluye desde insultos, amenazas o exclusión social hasta agresiones y homicidios. Es el último «escalón del odio y de la discriminación, cuando el prejuicio se convierte en acción», ha explicado.

Las víctimas de aporofobia son especialmente vulnerables e «inestables procesalmente», lo que dificulta su localización y la acreditación de los hechos. Por ello, la Fiscalía aplica mecanismos como la «prueba preconstituida», que permite registrar el testimonio con garantías desde el primer momento.

La fiscal advirtió también de la tendencia de algunos tribunales a minimizar estos delitos, tratándolos como simples actos de vandalismo. «Desde nuestra unidad velamos para que se investigue si hubo una motivación de odio o rechazo detrás de la acción», ha subrayado.

Finalmente, ha pedido «delicadeza y especial protección» a las víctimas, promover la escucha y el acompañamiento e intentar reparar «con todos los mecanismos que nos otorga la ley» el daño sufrido.

Absuelto el policía que disparó a una persona sin hogar

La Audiencia de Barcelona ha absuelto al agente de la Guàrdia Urbana que en 2020 disparó a un hombre sin hogar en el barrio del Raval y lo hirió gravemente, al entender que la acusación popular ejercida por la Fundación Arrels no estaba legitimada para hacerlo. La Fiscalía no acusaba y la víctima, sin domicilio conocido ni contacto estable, fue declarada en rebeldía, por lo que el tribunal ha considerado que no quedaban partes acusadoras y ha archivado la causa sin llegar a juicio.

Los hechos ocurrieron cuando el agente abrió fuego contra el hombre tras un forcejeo en plena calle. La bala le alcanzó en el abdomen y le causó lesiones graves. El caso llegó a los tribunales impulsado por la Fundación Arrels, que se presentó como acusación popular al considerar que el ataque podía tener un componente de aporofobia.

El tribunal, sin embargo, ha entendido que la Fundación Arrels no podía ejercer la acusación sin una autorización expresa del afectado. En su auto, los magistrados argumentan que no hay constancia de que la víctima haya delegado su representación ni mostrado interés en continuar el proceso; lo que, según la Audiencia, imposibilita a cualquier entidad actuar en su nombre.

La abogada de la Fundación Arrels, Eva Hobeich, ha lamentado la decisión y anunciado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Una vez más constatamos lo difícil que es llegar a juicio por aporofobia», ha señalado, subrayando que la falta de medios y el desamparo institucional de las personas sin hogar impiden que casos como este lleguen a esclarecerse en sede judicial.