Marina Sánchez: «El 47 % de las personas sin hogar ha sufrido un delito de odio»

En una reunión de amigos comenté que la iba a entrevistar sobre la aporofobia y varios no sabían de qué estaba hablando.
Es que es un término relativamente nuevo, aunque muy necesario. Fue acuñado por Adela Cortina en el año 1995 y su intención era poner nombre al odio, miedo o rechazo hacia las personas en situación de pobreza. Porque lo que no se nombra no existe y se invisibiliza. Afecta, sobre todo, a personas en situación de sinhogarismo.

¿Que se haya celebrado ahora en Barcelona el primer congreso internacional sobre aporofobia, organizado por IQS-Universidad Ramón Llull, responde a un aumento de los casos?
Probablemente se deba a ese aumento, pero hay también muchos otros motivos. Si nos fijamos en las cifras, hay que tener en cuenta que son muy pocos los casos que se denuncian o se comunican a alguna institución. Y, por lo tanto, son muy pocos los casos registrados. Según el informe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, en el año 2021 se registraron un total de diez incidentes y en el 2022 son 17. Es decir, hubo un aumento del 70 %, pero según nuestra experiencia diaria —se trata de una realidad que atendemos cotidianamente a través del Observatorio Hatento, dedicado a detectar delitos de odio cometidos contra personas con problemas de sinhogarismo—, estas cifras no están reflejando la situación actual. Las personas sin hogar ven vulnerados sus derechos de manera sistemática y continuada día tras día, pero no existen casi denuncias.

¿Tienen estimaciones algo más realistas?
Para que se haga una idea, nosotros esta última semana, es decir en un periodo de siete días, hemos derivado a la Fiscalía cuatro casos con alto índice aporofóbico. Se han producido en cuatro localidades distintas, pero todos tenían unas características similares: hubo discriminación y agresión, y todo por el único motivo de estar en una situación de extrema pobreza y no tener una vivienda digna en la que estar seguros. Eso solo en la última semana. Si hablamos en términos globales, los números se disparan. El Instituto Nacional de Estadística habla de 28.000 personas sin hogar, pero se estima que hay 37.000 personas en esta situación. Según nuestro Observatorio Hatento, el 47 % de este colectivo ha sufrido un delito de odio. Y de entre los que han sufrido este tipo de incidentes, solo el 87 % lo ha denunciado.

¿A qué se debe la falta de denuncias?
Las razones son múltiples: desconocimiento de los propios derechos, falta de testigos —se trata de una pieza clave en este tipo de delitos— o vergüenza por reconocer que han sido víctimas de una agresión. También ocurre que si se encuentran en situación irregular, les da miedo acudir a una comisaría y que puedan recibir una orden de expulsión.

¿Y qué ocurre con las denuncias que sí se presentan?
El proceso está lleno de obstáculos. De hecho, uno de los objetivos del congreso ha sido analizar y visibilizar esos baches que hoy en día se encuentra una persona que vive en situación de pobreza extrema durante el proceso de denuncia. Hay muy poca especialización por parte de los distintos colectivos que participan del proceso: Policía, sanitarios, fiscales… Se necesita más formación y especialización para dar una respuesta adaptada a las necesidades del denunciante. La especialización se está convirtiendo en un elemento indispensable.

¿Cuál es el perfil más común entre los agresores?
La mayoría de agresiones las cometen personas jóvenes. Habitualmente son hombres de entre 18 y 35 años.

 Y además de la especialización, ¿qué más se puede hacer?
Otra de las claves es el acercamiento a la realidad. Cuando una persona deja de ver a un colectivo, se libera de sus prejuicios y entra en contacto con una persona que no tiene hogar, por ejemplo, la actitud cambia por completo. De hecho, el mecanismo del odio es el contrario: no entras en contacto con ninguna persona, sino que la incluyes en un grupo lejano, de diferentes, apartado de tu realidad y del que no te sientes responsable. Es el paso previo, el que allana el camino para el odio y la agresión.

En el congreso también se habló de la importancia de la educación.
Es esencial. Se puede dar en varios niveles. Hay que hablar de estas cosas en los colegios e institutos, por supuesto, pero también hay que sensibilizar al resto de la población. Todos deberían saber cómo y cuándo actuar ante un delito de odio cometido contra una persona en situación de pobreza o de sinhogarismo. Incluso hay que dar formación a las personas sin techo, porque es importante que conozcan sus derechos y los puedan exigir.