Los CIE en terceros países son «un grave riesgo para los derechos humanos»

Más de 60 organizaciones europeas de la sociedad civil han expresado su «profunda preocupación» ante la posición adoptada el lunes por los ministros de Interior de la Unión Europea con respecto al desafío de la inmigración. El lunes, los estados miembros de la UE aprobaron, con la negativa de España, el Fondo de solidaridad migratoria para 2026, que consiste en 21.000 reubicaciones de solicitantes de asilo. Ello supone «un deterioro severo» de las garantías legales y de los estándares de derechos humanos aplicados a las personas sujetas a procedimientos de expulsión, afirman las organizaciones.

Según la declaración conjunta de estas organizaciones, el planteamiento de la Comisión introduce «retrocesos significativos» como la posibilidad de ampliar los periodos máximos de detención hasta superar los 24 meses o la reducción de las oportunidades a la hora de recurrir decisiones de retorno. Las organizaciones advierten asimismo de que el texto incrementa las obligaciones de cooperación de las personas afectadas —incluyendo condiciones difíciles de cumplir en la práctica— y prevé sanciones severas en caso de incumplimiento.

Junto a ello, el comunicado critica, además, que se mantenga la posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países —lo que se ha dado en llamar centros Meloni, en referencia a la política que ya ha adoptado la presidenta de Italia—, una medida que supone «graves riesgos para los derechos humanos», pues «implica contravenir principios clave del derecho internacional».

Un retorno justo y seguro

Asimismo, este tono en la política migratoria de la UE «podría vulnerar principios básicos como la prohibición de devolución a lugares donde existan riesgos para la integridad o la libertad de las personas retornadas».

Por todo ello, las entidades firmantes instan a los estados miembros y al Parlamento Europeo a revisar el texto en la fase de negociación interinstitucional, con el fin de garantizar un sistema de retorno «justo, seguro, respetuoso con la dignidad humana y plenamente conforme con el Derecho de la UE y las normas internacionales».