Los boomers se jubilan y habrá cinco millones más de pensionistas

Uno de los grandes problemas de las personas mayores es la soledad. Alberto lo sufre en primera persona. «Hace ya muchos años que murió mi mujer y mis tres hijos viven en otra ciudad», pero «como hasta ahora me encontraba bien, pues tenía contacto con la gente del barrio cuando bajaba a por el pan, a Misa o a jugar la partida con los amigos». Desde que se rompió la cadera, sin embargo, todo ha cambiado por completo. Vive a escasos 300 metros del bar donde envidaba a grande, «pero ya no me encuentro con fuerzas para ir», reconoce. Como mucho, «bajo al banco que hay enfrente del portal a tomar un rato el aire y luego vuelvo a casa y me pongo la tele». Al otro lado del teléfono, de hecho, se intuye el sonido del aparato que mitiga su sensación de soledad.

En una situación similar se encuentran 5,4 millones de personas en España, que no tienen a nadie con quien compartir sus días. «La mitad de ellos son personas mayores», advierte en conversación con Alfa y Omega Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP). Es un ente que aglutina a más de 15.000 asociaciones —no solo de jubilados, sino también en torno a la discapacidad— y que se reunió el viernes 12 de septiembre con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, así como con la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho.

La cita sirvió como primera toma de contacto antes de que se dispare el número de pensionistas. «Desde el 2023 se ha empezado a jubilar la generación baby boom». Son 14 millones de personas que nacieron en España entre 1957 y 1977 como consecuencia del desarrollo económico que experimentó nuestro país. «Al final, entre las muertes y las nuevas incorporaciones calculamos que vamos a pasar de los diez millones de pensionistas actuales a los 15 que esperamos para 2040». Para Fernández, «no hay tiempo que perder». Por ello trabajan en vías paralelas para asegurar los recursos necesarios que permitan incorporar con dignidad a los boomers en el sistema de pensiones.

Por un lado, Fernández pidió en la reunión a Bustinduy una «mayor coordinación» entre los distintos ministerios implicados y que el Gobierno pise el acelerador con el anteproyecto de ley —ya presentado en el Congreso— con el que se pretende actualizar tanto la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. «Hay elementos clave —explica el presidente de la PMP en conversación con Alfa y Omega—, como la posibilidad de compatibilizar prestaciones, la desinstitucionalización de los servicios para que se puedan recibir en casa y no solo en las residencias» o la mejora de la accesibilidad. «Incluso está planteada la posibilidad de crear un fondo financiero que pueda resolver los problemas de movilidad en el domicilio o en las comunidades de vecinos».

Por otro lado, Norberto Fernández habla de la necesidad de una ley específica de derechos del mayor, como ya la hay del menor o de los dependientes. «Es un déficit de nuestro ordenamiento legal», considera. El texto debería «blindar el sistema público de pensiones, debidamente revalorizado»; aumentar «el gasto en sanidad y el número de trabajadores del sector» ante el previsible aumento de la demanda e intervenir ante «la lacra de la soledad no deseada». En este sentido, el presidente propone la creación de un censo que permita identificar a las personas que están en riesgo de padecerla, por todo lo que ello conlleva. «Son gente más vulnerable ante la aparición de problemas de salud mental o por una alimentación menos equilibrada, y que tiene más riesgo de accidentes y caídas», como le ocurrió a Alberto, «entre otras muchas cosas».

Además de todo lo anterior, «una de las grandes reivindicaciones es atajar la brecha digital», que afecta al 30 % de los mayores. «El colectivo de personas de edad avanzada, por ejemplo, es la gran usuaria de la banca», subraya Fernández. Y, sin embargo, «muchos, por desconocimiento tecnológico», no pueden hacer sus gestiones. Sobre todo, a raíz de que, tras la crisis de 2008, las sucursales en nuestro país pasaran de 45.000 a 17.000 —menos de la mitad— y se redujera significativamente el horario de atención en ventanilla. Ante este escenario, hay que «reforzar todo el sistema de formación permanente a los mayores en materia de alfabetización digital». Reivindica asimismo que todas las entidades y Administraciones públicas no dejen de ofrecer sus servicios de forma presencial».