Llevan a la ONU los delitos de lesa humanidad de 87 líderes iraníes

«Parecía un campo de batalla. Nos perseguían agentes uniformados empuñando rifles de asalto. No dejaban de disparar». Así recuerda Shahram, de Kermanshah (Irán), la represión contra el movimiento Mujer, Vida, Libertad, que entre septiembre y diciembre de 2022 protestó por todo el país por la muerte de Zhina Mahsa Amini, el 16 de septiembre de ese año, bajo custodia de la «policía de la moral». Amnistía Internacional (AI) ha recogido su testimonio en un informe de más de 1.000 páginas presentado en su cuarto aniversario. 

Lo más novedoso de la investigación es la acusación argumentada de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas de seguridad y la identificación de 87 altos cargos que piden que sean juzgados en el ámbito internacional. El informe incluye, por ejemplo, una orden de «responder sin piedad y llegar incluso a causar la muerte». Dicho y hecho: una segunda investigación documenta la muerte de 377 manifestantes y transeúntes.

El informe principal documenta el uso de armas de fuego militares sin justificación según el derecho internacional, incluso contra niños. Del mismo modo, se recogen indicios de torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones. Todos ellos constituyen crímenes de lesa humanidad, es decir, los que según el Estatuto de Roma se cometen «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque».

Todo ello perpetuado gracias a «una arquitectura de impunidad» a todos los niveles, en palabras de la secretaria general de AI, Agnès Callamard. «La mayoría» de acusados «continúa en sus puestos» o han ascendido. Como resultado, desde 2022 se han intensificado los «ciclos de homicidios masivos de manifestantes». El más grave fue los días 8 y 9 de enero de este año, con 3.000 víctimas reconocidas oficialmente.

Para acabar con esa impunidad el informe reclama la intervención de la comunidad internacional. «Irán no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que la Corte Penal Internacional no podría actuar contra él a no ser que se lo pida el Consejo de Seguridad de la ONU», explica Carlos de las Heras, experto en este país en AI España. Si esto no fuera posible por el apoyo de China o Rusia a Irán, otra vía es que cree un mecanismo de justicia penal internacional la misma Asamblea General de la ONU, que precisamente está celebrando del 22 al 28 de septiembre su Semana de Alto Nivel. 

Ya se hizo con un tribunal ad hoc para juzgar a los Jemeres Rojos de Camboya entre 1997 y 2022. Otras veces, al menos se han investigado crímenes similares (por ejemplo en Myanmar y Siria) y se ha contribuido a que se juzguen en otros tribunales. Aquí entrarían en juego los Estados a nivel particular, quienes mediante la «jurisdicción universal» están autorizados para «abrir procedimientos jurídicos» contra terceros países en caso de crímenes de este tipo.

Amnistía Internacional está aprovechando la Asamblea General para dar a conocer su informe. «Es un buen momento para hacer incidencia y que este mecanismo salga adelante» en el futuro. Aunque «sin el apoyo de Estados Unidos es difícil», admite De las Heras. «En principio debería interesarle» —justificó el inicio de la guerra con Irán también por estas violaciones de derechos humanos—, pero luego no ha dudado en «atacar lugares civiles». Y son los iraníes los que pagan las consecuencias, como ya señaló León XIV en abril al calificar de «inaceptable» la «amenaza contra todo el pueblo de Irán» —una de sus varias intervenciones pidiendo la paz desde que estalló el conflicto—. Están atrapados, resume De las Heras, entre los bombardeos y un régimen que aprovecha el contexto bélico «para reprimir cualquier tipo de protesta» y para «condenar a muerta a supuestos opositores», con 26 ejecuciones en lo que va de año.