Llegar a un pacto por la educación
La comunidad educativa reclama a los partidos políticos ante el 26J un gran acuerdo de Estado por la enseñanza que no implique la derogación inmediata de la LOMCE ni rehúya los temas conflictivos
A comienzos del mes de abril, un equipo multidisciplinar liderado por el filósofo José Antonio Marina lanzó a los cuatro principales partidos políticos la propuesta de firmar una hoja de ruta antes de las elecciones del 26J, para que PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos se comprometiesen a alcanzar un pacto de Estado por la educación en la próxima legislatura. Aunque la idea fue en principio bien acogida, la cercanía de la cita electoral ha embarrancado la situación y ni el pacto posterior, ni siquiera el compromiso previo, parecen hoy factibles.
La comunidad educativa, sin embargo, reclama que la próxima legislatura sea la definitiva para lograr en España un gran acuerdo social y político, capaz de salvar las más grandes diferencias que existen hoy en el terreno educativo y entre las distintas concepciones de la enseñanza.
Acuerdo social, no político
Como explica Jesús Salido, presidente de CEAPA (principal asociación de padres de la escuela pública), «la situación actual no exige solo un pacto entre partidos, sino un gran acuerdo de Estado que parta de la sociedad civil, de la propia comunidad educativa (padres, profesores, centros y alumnos), y que vaya más allá de elaborar de una nueva ley». Para Salido, «tenemos que emitir un mandato social, y acordar qué tipo de educación queremos, qué profesionales necesitamos, qué formación requieren, con qué tipo de centros tenemos que contar, qué cantidad de recursos vamos a destinar…». Salido matiza que «no hay que derogar sin más la LOMCE y elaborar una nueva ley, porque es demencial tantos cambios y tanta inversión. Basta con paliar aspectos de la LOMCE antes de llegar a un acuerdo, del que pueda salir una nueva ley».
Su opinión es similar a la de José María Alvira, portavoz de la plataforma Concertados, que representa a más del 30 % del sistema educativo y que aglutina a las dos asociaciones de padres mayoritarias en la escuela concertada y privada (CONCAPA y COFAPA) y a las dos grandes patronales de centros de iniciativa social (CECE y Escuelas Católicas, de la que Alvira es secretario general). «No se puede llegar a un acuerdo –explica Alvira– desde posturas intransigentes y líneas rojas llevadas al extremo. Tenemos que ser flexibles, contar con todos los agentes educativos, ser generosos y no querer excluir a nadie». Para Alvira «el pacto no puede ser solo sobre cuestiones pedagógicas, organizativas y curriculares. Hay que ir a los temas de fondo: el papel de la sociedad civil y el del Estado en la educación, la enseñanza moral y religiosa, la financiación…». Y apunta que «tenemos que partir del artículo 27 de la Constitución, que es nuestro gran pacto por la educación, para reconocer el derecho de todos a la educación de calidad y en igualdad de condiciones, al mismo nivel que el derecho a la libertad de enseñanza: libertad para crear centros con ideario propio y libertad para que los padres puedan optar por ellos sin depender de su nivel socioeconómico».
O de mínimos, o inviable
Antonio Amate, secretario general de la federación de enseñanza del sindicato USO (tercera confederación sindical de España, con presencia en la escuela pública, concertada y privada), alerta de que «si tanto los partidos políticos como los agentes educativos se encierran en sus planteamientos actuales, el pacto será inviable». «Tenemos que llegar a un acuerdo de mínimos que garantice el equilibrio entre la pública, la concertada y la privada sin oponerlas y sin propiciar el trasvase de alumnos; que corrija los errores de la LOMCE sin derogarla hasta que haya un acuerdo que dé lugar a una nueva ley; que respete la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en materia de derecho a la educación y libertad de enseñanza; y que no se empeñe en desmantelar la asignatura de Religión sin respetar el derecho de los padres», añade. Para Amate, «llegar a un acuerdo va a ser muy difícil, porque una parte de la comunidad educativa se ha polarizado en los últimos años, se ve fuerte y no quiere ceder, pero es imprescindible para garantizar el futuro de nuestra enseñanza».
El 99,7 % de los españoles está a favor de la libre elección de centro escolar; y un 90,2 % es partidario de que el Estado financie esa elección. Así se desprende del estudio Demandas educativas de los padres en España, elaborado por el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, a petición de Escuelas Católicas. El estudio, presentado ayer en Madrid por el presidente y el secretario general de Escuelas Católicas, refleja que el 67, 6 % de los encuestados son partidarios de que se imparta la asignatura de Religión en escuelas públicas, concertadas y privadas; y señala que en los centros católicos hay más hogares con todos sus miembros en paro (7,1 % en colegios católicos y 5,7 % en el resto), así como que cuentan con una proporción de padres inmigrantes similar a la del resto de escuelas (6,7 % en colegios católicos y 7,1 % en el resto).