Liberados los dos claretianos secuestrados el 1 de febrero en Nigeria
«Nuestro país está en una situación muy desafortunada», lamenta el portavoz de la conferencia episcopal. No es una cuestión política, religiosa o tribal, sino una lucha «entre el mal y el bien»
Los secuestradores han puesto en libertad a los dos claretianos secuestrados la noche del 1 de febrero en el estado de Plateau, en el centro de Nigeria. Se trata de Ken Kanwa y Jude Nwachukwu, párroco y asistente de la iglesia de San Vicente de Paúl Fier, en la diócesis de Pankshin. Esta misma diócesis sufrió en Navidad una oleada de ataques en la que pastores fulani asesinaron a cerca de 300 cristianos.
La Iglesia en el país es muy consciente de que el problema está lejos de acabar. Michael Umoh, director nacional de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Nigeriana, recordaba el pasado miércoles en un comunicado cómo recientemente «hemos oído hablar de escolares secuestrados. Y realmente no se ha hecho nada». Sus palabras, que recoge la agencia Fides, señalaban directamente al Ejecutivo: «No hemos visto al Gobierno salir con todas sus fuerzas para condenar esta desagradable situación».
«Nuestro país se encuentra en una situación muy desafortunada en estos momentos», lamentaba Umoh. «No es el momento de la política, la religión o la tribu. La cuestión es entre el mal y el bien, es solo entre la oscuridad y la luz».
De acuerdo con la prensa nigeriana, solamente entre julio de 2022 y junio de 2023, en este país fueron secuestradas un total 3.620 personas en 582 episodios diferentes. Durante este periodo las diferentes bandas pidieron como rescate un total de un millón y medio de euros. Finalmente se pagaron más de 220.000. Pero la cifra podría ser mucho mayor al incluir los que no llegaron a denunciarse.
Asimismo, el semanario estadounidense The Nation denuncia que este tipo de delito cuenta con la complicidad tácita de los bancos a través de los que se pagan la mayoría de rescates. De los 133 millones de titulares de cuentas bancarias en Nigeria, al menos cinco millones son falsos, pues se abren con documentos de identidad pertenecientes a personas fallecidas.