«Las refugiadas venezolanas se enfrentan a una doble y brutal desprotección»

La situación de las refugiadas venezolanas en Colombia y Perú se ve agravada por la violencia doméstica y sexual y la discriminación sexual que sufren y por la inacción de ambos países a la hora de combatirla. Lo denunció el miércoles Amnistía Internacional, en su informe Desprotegidas.

La primera amenaza para las refugiadas son los pasos fronterizos irregulares, donde grupos armados organizarlos pueden agredirlas. «Otras son captadas para fines de explotación laboral o sexual desde Venezuela», añade el informe. En segundo lugar, están los abusos vividos en el hogar. Sus parejas o exparejas, tanto compatriotas como de los países de acogida, las someten a violencia económica, patrimonial, psicológica, verbal y sexual.

Los casos de violencia de género denunciados en Colombia han venido creciendo en los últimos años a un ritmo más acelerado que el aumento del número de venezolanos. Pasaron de 166 en 2017 a 4.165 en 2020 (se multiplicó por 25), cuando los venezolanos pasaron de 820.000 a 1,8 millones (algo más que duplicarse). El 80,89 % de los casos en 2020 ocurrieron en la vivienda, mientras que el 11,5 % fue en la calle y el 7,6 % en otros lugares. En Perú, los casos han pasado de 1.384 en 2019 a 1.818 en 2021, un 31,3 %, prácticamente en paralelo a la presencia de venezolanos creció un 32,8 %.

Trabajo informal y en la calle

Un tercer ámbito de violencia y discriminación por su sexo es el laboral. A las dificultades para acceder a un trabajo por su origen y edad, se suma «la falta de redes de apoyo y espacios de cuidado para sus hijos». Por ello, «muchas se ven obligadas a recurrir al trabajo informal en ventas callejeras, a menudo» acompañadas de los niños. Allí «quedan expuestas a diversas formas de violencia y explotación laboral», incluida la captación para la explotación sexual.

El 82 % de mujeres venezolanas en Colombia afirma haber tenido dificultades en la obtención de trabajo. De ellas, solo el 16 % tiene un contrato escrito. En el hogar, además, ellas tienen más carga de trabajo no remunerado que sus vecinas. El 46,7 % de las ocupadas y el 53,1 % de las no ocupadas dedica al menos 20 horas semanales al cuidado de sus hijos, frente al 35,3 % y al 30,6 % respectivamente de las colombianas. En Perú, el 29 % de las mujeres extranjeras trabaja de forma remunerada, y el 34 % de forma no remunerada.

Dificultades para denunciar

«La protección contra la violencia de género debería ser una prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen. En el caso de las mujeres refugiadas venezolanas, estás más bien enfrentan una doble y brutal desprotección», afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Ni el Estado colombiano ni el peruano están cumpliendo con su obligación de protegerlas de esta la violencia y la discriminación. Las mujeres no reciben información pública sobre cómo actuar en estos casos. Además, en ambos países «las autoridades les exigen la documentación de su estatus migratorio» para poder denunciar, «a pesar de que la ley no lo establece así».

En este mismo sentido, las mujeres no tienen un acceso efectivo a la protección internacional y a los procesos de regularización migratoria, lo que les daría seguridad en este sentido. En Colombia, hasta el 30 de junio del año pasado solo se habían reconocido 1.300 de las 31.400 solicitudes de refugio recibidas.

Por otro lado, aunque hasta el 26 de mayo se han concedido 1,2 millones de Estatutos de Protección Temporal, Amnistía Internacional recuerda que algunas mujeres tienen problemas a la hora de acceder a esta regularización por la falta de acceso a Internet o la imposibilidad de demostrar que estaban en el país en las fechas establecidas. En Perú, solo se han reconocido 4.100 de las 531.000 solicitudes de refugio presentadas.

«Robamaridos»

En este contexto, muchas «prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país, debido a su estatus de documentación. La situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan se agrava por la ausencia de protocolos especializados para atenderlas y protegerlas», sostuvo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. También faltan albergues donde las mujeres que sufren violencia doméstica puedan refugiarse. Según los estándares internacionales debería haber uno por cada 100.000 habitantes. Pero por ejemplo en Lima solo hay dos para 10 millones.

Si sufren violencia o discriminación en el lugar de trabajo, «la precariedad de su situación» es un obstáculo para presentar cargos contra los agresores. Se enfrentan también a prejuicios mixtos por su origen y sexo, pues en ambos países suele mirarse a las venezolanas como «robamaridos o como trabajadoras sexuales».

Amnistía Internacional exhorta a las autoridades de Colombia y Perú a combatir la estigmatización y discriminación hacia mujeres venezolanas, garantizar su acceso a la protección internacional, asegurar un acceso efectivo a la justicia, mejorar la atención y prevención de la violencia y garantizar una atención en salud integral.