Las enmiendas empeoran la ley Celaá

Si nada se tuerce para los intereses del Gobierno, este jueves el trámite parlamentario de la LOMLOE, más conocida como la ley Celaá, llega a su fin en el Congreso de los Diputados con su aprobación en el Pleno de la Cámara Baja. De momento, porque si se introducen modificaciones en el Senado, donde continuará su recorrido, tendrá que volver. Ha sido una tramitación exprés —no se ha cumplido ni siquiera un año de la investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo Gobierno— e intensificada en plena pandemia, pues la mayor parte de su trabajo parlamentario se ha realizado en un contexto de Estado de alarma. Basta un dato: la Comisión de Educación estudió las más de 1.000 enmiendas en tan solo cinco reuniones, que fueron votadas en una sesión de casi diez horas el pasado viernes.

El problema, para los intereses de la concertada —titulares de centros, familias y profesores—, radica en que la ley no solo no ha mejorado con el trámite parlamentario, sino que ha empeorado con las enmiedas de Unidas Podemos. Cabe recordar que el proyecto de ley que se presentó había sido elaborado por el PSOE y, por tanto, no contenía las aportaciones de su socio de Gobierno.

Según Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, la LOMLOE ha ido a peor. «Hemos perdido la demanda social, una gran pérdida para las familias, que ya no van a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos; hemos perdido el castellano como lengua vehicular; la clase de Religión… Nos sentimos desamparados ante el pisoteo total y absoluto de los derechos fundamentales que asisten a las familias, que son la libertad de educación, la libertad de elección y la libertad religiosa».

Caballero tilda de «despropósito» la ley educativa y, por ello, llevan tiempo movilizándose, incluso a nivel europeo. De hecho, según explica a Alfa y Omega, han pedido amparo al Parlamento Europeo y han enviado un documento de nueve páginas en el que se detallan punto por punto los derechos fundamentales que se vulneran con la ley Celaá. A principios de octubre confirmaron acuse de recibo y plantearon que era un tema susceptible de ser debatido.

«El proyecto que el PSOE preparó y que comenzó el trámite poco antes de la pandemia es diferente al que ahora se vota en Pleno. En algunas cuestiones ha empeorado. Se pretende vaciar los centros concertados en lugar de afrontar las necesidades reales de la educación», aporta Pedro Huerta, trinitario y secretario general de Escuelas Católicas.

Huerta señala que hay una hoja de ruta marcada y ha quedado patente con un texto publicado el pasado fin de semana por Unidas Podemos en el que considera la concertada como subsidiaria y se plantea como meta que la educación pública constituya el 90 % del sistema educativo. «Esto supone cerrar centros concertados y privados. Es la previsión que maneja un partido que está en el Gobierno», añade.

Con todo, Escuelas Católicas, explica Huerta, aboga por el diálogo y por «una ley que no enfrente y no cree división social». Y añade: «No lo decimos solo nosotros. El último dictamen de la Comisión Europea va en esta línea». En su opinión, este proyecto «está haciendo un uso politizado e instrumental de la educación solo para beneficiar a ciertas tendencias ideológicas e ideas que no se corresponden con la realidad»,

Por su parte, Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, cree que lo que esconde esta nueva ley son aspectos que van a hacer más difícil la supervivencia de la concertada.