La Secretaría de Estado ya no tendrá fondos propios

El 2019 se cerró con las oficinas de la Secretaría de Estado registradas por agentes de la Gendarmería vaticana. Una irrupción judicial nunca vista en el corazón de la Curia romana pero, ante todo, una prueba más de la determinación del Papa por hacer limpieza en su propia casa. Su última decisión ha sido retirar el control y la gestión de los recursos económicos y financieros de la Secretaría de Estado. En 2014, el entonces prefecto de la Secretaría de Economía, el cardenal australiano George Pell, mostró su perplejidad ante el poco control de estas reservas, que quedaban fuera de los balances oficiales y estaban exentas de rendir cuentas de los gastos.

Ahora, el histórico centro neurálgico de las operaciones del Vaticano tiene de plazo hasta enero para transferir todos sus fondos a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el órgano que dirige el obispo Nunzio Galantino. La operación —que incluye el Óbolo de San Pedro y el llamado fondo discrecional del Santo Padre— estará guiada por una comisión formada por el prelado italiano; el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, y el sacerdote español Juan Antonio Guerrero Alves, prefecto de la Secretaría para la Economía.

El jesuita y hombre de confianza del Papa para domesticar las finanzas de la Santa Sede ya había adelantado la receta de la centralización de las compras para lograr una administración más equilibrada. El Papa lo explica en una carta enviada el 25 de agosto al secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, en la que califica «de suma importancia» que la misión de cada entidad económica y financiera esté claramente definida «a fin de evitar la superposición, la fragmentación o la duplicación innecesaria y perjudicial». Así, estipula que la Secretaría de Estado funcione «mediante un presupuesto aprobado a través de los mecanismos habituales, con sus propios procedimientos exigidos a cualquier departamento, salvo en lo que se refiere a los asuntos confidenciales», que deberán ser aprobados por la comisión que coordina el proceso de transición.