La regularización por la DANA llega tarde y deja a miles fuera

Martha Lucía González, lo perdió todo el 29 de octubre de 2024. La casa en la que vivía con su hijo Christian, un bajo en la localidad de Alcudia, fue arrasada por la DANA. «Nuestra casa estaba irreconocible, no había nada. Quedamos solo con la ropa puesta, perdimos lo poco que logramos tener en un año», recuerda todavía con la voz entrecortada. Además de su casa, sus documentos, muebles y recuerdos, perdieron también sus empleos como limpiadora del hogar y jornalero.

Martha Lucia y su hijo son de Colombia, llevan casi dos años en España y no tienen papeles. Están en situación administrativa irregular. A pesar de ello, ninguno de los dos puede acogerse a la regularización extraordinaria para personas migrantes afectadas por la DANA aprobada la semana pasada por el Gobierno de España. La razón: no estaban empadronados en el lugar donde vivían. «Ahora se hace evidente el problema del empadronamiento, pero ya lo venimos denunciando mucho tiempo», explica Miriam Narváez, coordinadora de programas en Por Ti Mujer, asociación que da apoyo a trabajadoras migrantes del hogar y los cuidados en Valencia. Esta y otras ONG critican que la exigencia del padrón para acceder a la regularización va a dejar automáticamente fuera a miles de afectadas por la emergencia. Empadronarse no depende únicamente de la voluntad de las personas por hacerlo sino de factores externos. La precariedad laboral y habitacional provocan que un trámite aparentemente sencillo como este acabe siendo inasumible. «La necesidad es tan grande que llegan a cobrarte por el padrón o incluso te lo alquilan», cuenta Narváez. Esto, unido en muchas ocasiones a la negativa de los caseros para facilitarlo y al colapso de las Administraciones locales en municipios más pequeños, complican enormemente la gestión, que acaba dependiendo de favores de amigos o familiares. «Además del padrón hay otras opciones, como los certificados de escolaridad de los hijos, certificados de asistencia de servicios sociales, asociaciones culturales o clubes deportivos, que demuestran que vivías en las zonas afectadas pero que no se contemplan», cuenta Eugenia Torres, educadora social de Candombe, otra organización que trabaja en Valencia con personas migrantes. Torres explica que al enterarse de la medida «la sensación es agridulce: recibes la noticia con alegría, pero también con angustia por todas las personas que no podrán acogerse a ella».

La Administración calcula que 25.000 personas podrían beneficiarse de la norma; pero según datos de la fundación porCausa serían en realidad cerca de 40.000 los migrantes en situación administrativa irregular que viven en las zonas afectadas. Han pasado más de tres meses desde la DANA y miles de personas —que como el resto lo han perdido todo por la catástrofe— no han podido acogerse a las ayudas oficiales por esta realidad, a pesar de encontrarse en posiciones de extrema emergencia. Esta regularización extraordinaria podría haberle puesto remedio antes, pero llega cuando el plazo de solicitud de las ayudas se ha terminado.

González y su hijo han pasado en este tiempo por más de diez casas diferentes y apenas logran reunir dinero suficiente para comer y pagar una habitación. «Los servicios sociales no pudieron ayudarnos cuando estábamos en la calle porque no teníamos el padrón; y así en todos lados», explica con frustración esta mujer colombiana. Ahora reciben apoyo de los jesuitas en Valencia y de la asociación Por Ti Mujer, pero no es suficiente; «hay tanta gente con necesidad que una lo entiende: no se puede ayudar a todos. Pero yo no quiero pedir ayuda; si tuviera mis papeles al menos podría intentar moverme y conseguir trabajo en otro lado», explica.

«Esta es una medida paliativa que muestra que cuando hay voluntad política la regularización es posible, como ya pasó durante la COVID-19», afirma Silvana Cabrera, portavoz de RegularizaciónYa. Desde hace meses la iniciativa legislativa popular (ILP) de regularización —que consiguió más de 700.000 firmas para su tramitación—, liderada por esta organización, espera ser discutida en el Congreso de los Diputados ante la pasividad del Gobierno. Una medida extraordinaria que permitiría a más de medio millón de personas en España conseguir sus documentos y poder vivir con normalidad. González está desesperada y el anuncio de una medida excepcional como la regularización actual, a la que tampoco podrá acogerse, solo aumenta su desasosiego: «El ser humano es mucho más que unos papeles. Yo solo necesito libertad para moverme, pero ni siquiera en medio de una tragedia así nos lo reconocen».