La reforma de un reglamento o una nueva vida para Zakir

Casualidades. El día que Sellam Zakir, joven extutelado marroquí que se quedó sin documentación tras cumplir la mayoría de edad, se enteró de que el Gobierno había aprobado una modificación del Reglamento de Extranjería que le permitirá regularizarse, estaba en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Había ido con otros 14 chicos atendidos por Pueblos Unidos y tres miembros de la ONG jesuita para contar su testimonio al secretario de Estado y al director general de Migraciones, Jesús Javier Perea y Santiago Yerga, respectivamente. Fue el primero el que les dio la noticia. Lo celebraron.

La reforma, muy demandada por las entidades sociales, agiliza y flexibiliza la obtención del permiso de residencia por parte de los menores tutelados, a los que permitirá trabajar –hasta ahora no podían– una vez cumplan los 16 años. Además, se amplía la duración y la renovación de los permisos. La medida se aplicará también a aquellos jóvenes de entre 18 y 23 años que no tienen la documentación en regla y han pasado por el sistema de menores.

Zakir empezó a ver el fin de su calvario, que había comenzado cuatro años atrás, cuando dejó su pueblo, en el norte de Marruecos, para ir a trabajar a Casablanca y luego costearse un pasaje en patera a la península, a donde llegó en el último trimestre de 2018. No imaginaba que tras tres días en el mar desde Rabat y, sobre todo, siendo menor de edad –tenía 17 cuando llegó– le esperaría otro viaje en nuestro país con paradas en dos centros de menores, dos albergues, la calle, una parroquia y la vivienda que ahora lo cobija junto a otros jóvenes marroquíes gracias a Pueblos Unidos.

En el tercero de un piso a la sombra de las torres de Chamartín, en el barrio de Ventilla, que otrora fue comunidad jesuita, encontró la estabilidad tras la montaña rusa de su primer año en España. El pasado viernes, con la noticia todavía reciente y a la espera de que se puedan iniciar los trámites en las próximas semanas, abrió las puertas de su casa a Alfa y Omega. Dos habitaciones con literas, baño, cocina y un pequeño salón. Muy humilde, sin apenas decoración, y muy digno. Junto a él, Marta Sánchez-Briñas, abogada de Pueblos Unidos, su referencia.

En la última estancia nos sentamos en torno a unos zumos y bollos que ha preparado con la ayuda de Ayoub, uno de sus compañeros, –«son muy hospitalarios», dice la abogada–. Comienza la narración: Casablanca, Rabat, el océano Atlántico… Del centro de menores de Arcos de la Frontera se escapó a Madrid en busca de mejores condiciones, aunque el de Hortaleza, a donde lo llevaron tras pasar tres días en la estación de autobuses de Méndez Álvaro, no fue mejor. Allí durmió durante un mes en un pasillo y luego en una habitación. Hasta el 1 de enero de 2019, cuando cumplió 18 y lo pusieron en la calle con una tarjeta y la dirección de un albergue por la campaña del frío. Se puso a la cola y durmió entre personas mayores y que consumían droga. Tres meses. «Es un sitio muy malo para una persona que acaba de cumplir 18», explica.

Del centro de menores salió sin autorización de residencia, a pesar de tener derecho a ella, sin pasaporte ni carné de identidad marroquí. Solo meses después, varias entidades sociales, entre ellas Pueblos Unidos, consiguieron el reconocimiento. Eso sí, sin derecho a trabajar. Para ello es necesario presentar un contrato de trabajo de un año y a tiempo completo.

Víctima de explotación laboral

Tras salir del albergue, pasó un mes en uno de los recursos de la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid, luego tres meses en un albergue de Cruz Roja, en el que solo cenaba y dormía –como se había apuntado a un curso de cocina y no podía acudir a comedores sociales, la mayor parte de los días no comía nada más–, hasta llegar a Ventilla. Allí, con el apoyo de Pueblos Unidos, decidió reorientar su proyecto vital hacia la peluquería, lo que realmente quería. El curso de cocina se prolongaría dos años y necesitaba encontrar un empleo antes para conseguir la residencia. Así que se formó en este ámbito y comenzó a trabajar en una peluquería a una hora de casa. Llegó a trabajar hasta doce horas al día, fines de semana incluidos, por 200 euros al mes, una cantidad que fue subiendo, pero nunca superó los 500. Aguantó porque su jefe le prometió hacerle un contrato de trabajo y, de paso, tramitarle los papeles. La promesa nunca se cumplió. Lo había engañado para explotarlo laboralmente.

Bloqueo por los papeles

Así que Zakir se quedó hace un año sin documentación al caducarle el permiso que se le correspondía como menor y no cumplir los requisitos para renovar. «Se bloqueó completamente. Los papeles eran su obsesión y no era capaz de avanzar. Su compañero de habitación me decía que incluso hablaba de ello por las noches mientras dormía. Otras veces ni siquiera podía conciliar el sueño. Además, perdió mucho nivel de español. En el trabajo solo hablaba en árabe», explica Sánchez-Briñas.

Ella misma tuvo que pedirle que dejara la peluquería y reorientaba su proyecto vital. De otro modo, no podría continuar en el piso. Los papeles nunca llegarían por esa vía, pero la necesidad de ayudar a su familia y de conseguirlos le impedían avanzar. Finalmente siguió los consejos de la abogada y este año se ha dedicado al aprendizaje del español y a formación en informática.

En este contexto, la aprobación de la reforma ha sido «una liberación». En cuanto consiga la residencia se pondrá a trabajar en lo que encuentre y a ahorrar. Sueña con montar su propia peluquería. Sabe, incluso, cuánto dinero necesita para ello. También espera viajar a Marruecos para reencontrarse con los suyos tras cuatro años y no descarta volver a estudiar.

Podrá preocuparse de ello, pues la burocracia no le incomodará en los próximos años. Este es, según explica Diego Fernández-Maldonado, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el gran titular de esta modificación reglamentaria: «Les quita esa preocupación por los papeles, y se pueden centrar en lo importante. En su futuro, en formarse, en continuar con su itinerario de integración y en incorporarse al mercado laboral».

—¿Y tú qué piensas cuando ves que las redes sociales y los medios de comunicación presentan a los menores no acompañados o a los jóvenes extutelados como delincuentes? Porque yo, que estoy delante de ti, no veo nada de eso.

—Hay quienes vienen aquí para ayudar a su familia y otros que hacen cosas malas. La gente cree que todos somos como estos últimos. Estamos cansados de que nos metan en el mismo saco.

Cuando se cierra la puerta de la vivienda de Zakir pienso en el sufrimiento que se podía haber ahorrado si esta norma hubiese existido antes y en los jóvenes que no hubiesen caído en la delincuencia o el trapicheo y que hubiesen mantenido las ganas por formarse y estudiar.