La primera familia que llega a España por un corredor humanitario no puede quedarse

Fadi y Ruby vivían hasta el pasado lunes en Alepo (Siria). Él es farmacéutico; ella, arquitecta. Sus hijas, Celia, de 7 años, y Cintia, de 4, solo han conocido el horror de la guerra; y, en los últimos meses los efectos del terremoto que el 6 de febrero golpeó su país y Turquía. «Ruby me contaba que vivir en Alepo con niños pequeños es un desastre», relata a Alfa y Omega Tíscar Espigares, responsable de la Comunidad de Sant’Egidio en Madrid. «Estaban malviviendo, con carencia de todo». Muchísima gente ha perdido la casa. Además, en su caso, la salud mental de las niñas se estaba resintiendo.

«La mayoría de familias intentan escapar». Ellos han tenido «la suerte, entre comillas», de poder hacerlo de forma legal y sin ponerse en riesgo en ningún momento gracias a los corredores humanitarios. Por la mediación de una amiga de Sant’Egidio que vive en Barcelona y conocía su situación, esta comunidad católica pudo integrarlos en este programa. El lunes, el matrimonio, las niñas y los padres de Ruby llegaron al Líbano, donde se les permitía estar legalmente 48 horas.

Allí les esperaba un voluntario de Sant’Egidio, que los ayudó con todos los trámites para volar hacia España. Han aterrizado en Madrid este miércoles por la mañana. Pero solo han permanecido aquí unas pocas horas. No pueden quedarse en nuestro país. Después de visitar brevemente la capital, está previsto que viajen en tren a Barcelona con destino a Andorra. Quien los acogerá será este pequeño país en los Pirineos, que ni siquiera tiene en su territorio un aeropuerto propio al que pudieran volar.

«Gracias con todo nuestro corazón»

«Escapamos de la guerra y vamos a un país en paz», han afirmado conmovidos los padres al llegar a Europa, a pesar del agotamiento que arrastraban las pequeñas. «A Andorra, el país que nos ha querido acoger y donde se nos abre un futuro mejor, le decimos gracias con todo nuestro corazón». El principado y la Comunidad de Sant’Egidio firmaron el acuerdo para establecer los corredores humanitarios en 2018. Se preveía la llegada de un total de 20 personas. «Allí ya hay un par de familias, con ocho personas», explica Espigares.

Fadi y Ruby vivirán en Andorra la Vella. La acogida y la integración serán posibles gracias a la tutela del Gobierno de Andorra y a la generosidad de la sociedad civil, incluidos ciudadanos a título individual, que han ofrecido su compromiso gratuito y voluntario. Para hacerlo posible, el país tuvo que aprobar ex profeso una Ley de Protección Temporal y Transitoria por Razones Humanitarias. La norma, de 2018, creaba el marco legal para hacer posibles los corredores en el país, que no pertenece a la UE ni al espacio Schengen.

«No se quedan en España porque el Gobierno todavía no quiere abrir los corredores». Sant’Egidio lleva tiempo intentándolo «con varios gobiernos, tanto del PP como del PSOE», lamenta Espigares. «No hay voluntad». Relata que, en el último intento, «fui con el cardenal Carlos Osoro a hablar con el ministro José Luis Escrivá», responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. «Todo fueron sonrisas y empezamos a trabajar» con el secretario de Estado, Jesús Perea. «Incluso les mandé un boceto del protocolo que se podía firmar. Nunca más se supo», y con la dimisión de Perea en junio del año pasado el proyecto se congeló.

6.000 personas desde 2016

Todo lo contrario que Andorra, donde a pesar de tener una población de solo 80.000 personas se ha hecho el esfuerzo de adaptar la legislación para acoger a estas familias. «Hablamos con mucha gente moviendo contactos, y también a través de la Iglesia y del obispo de La Seo de Urgell, que es copríncipe de Andorra. Solo que ellos han escuchado».

En comparación, lamenta la responsable de Sant’Egidio en Madrid, «es absurdo que pasen por España y España no les permita quedarse. No han querido ni siquiera hacer algo simbólico» como prueba, a pesar de que «los corredores ya no son un experimento». Desde 2016, han llegado a Italia, Bélgica, Francia, San Marino y Andorra más de 6.000 personas. El rechazo en nuestro país «solo habla de la cortedad de miras del Gobierno español».