La precaria tutela de los menores extranjeros

Canarias vive «una situación de emergencia humanitaria» en materia de menores no acompañados. Lo ha reconocido el propio Gobierno autonómico. El número de llegadas en los últimos tiempos ha hecho que los recursos de acogida se vean desbordados. Según datos de la Consejería de Derechos Sociales, en estos momentos tienen un total de 2.656 menores tutelados cuando el año pasado, por esas mismas fechas, no llegaban a 600. La situación es especialmente delicada en la isla de Gran Canaria, que asume la mayoría de los menores, 1.697.

Estas cifras, junto con la descoordinación entre administraciones, la burocracia que exige el trato de los menores y la pandemia, están provocando, según explica a Alfa y Omega Loli López, directora del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias, que no se esté tutelando adecuadamente a los menores extranjeros. Eso sí, López reconoce que dar una respuesta en estos momentos «no es fácil».

En su opinión, los dispositivos que se están utilizando para acoger a muchos menores –los hoteles, por ejemplo– no son los adecuados. «La utilización de los recursos de emergencia se está demorando y, por tanto, convirtiendo en un problema», añade. Y no solo porque no sean los espacios más convenientes, sino porque los chicos no están recibiendo la atención que requieren. «Necesitan educadores, personas que organicen actividades, talleres… Hay que recordar que en los centros de acogida al uso un equipo de profesionales atiende a diez niños. ¿Qué puede hacer un trabajador social con 80 chicos?», señala.

Traslados a la península

En su opinión, la solución pasa porque se agilicen los traslados a la península, pero, añade, mientras esto no sea una realidad «es necesario aprovechar el tiempo». Propone que reciban atención psicológica, pues «creemos que vienen normalizados y no es así; vienen a una cultura muy distinta». «Trabajar el encuentro con ellos mismos y con la sociedad a la que se quieren incorporar marcaría la diferencia. Además, se podría contratar para esta tarea a profesionales que están sin empleo. Sería una inversión con un bien social», explica.

Jennifer Zuppiroli, responsable de migraciones de Save the Children, señala que la respuesta que se está dando hay que leerla desde un contexto de emergencia, de cubrir las necesidades más básicas de los menores, pero añade que «se ha dejado sola a Canarias en la gestión» de esta realidad. «Es imposible que un territorio solo pueda dar respuesta de una manera adecuada a un número de personas creciente y sin alternativas a largo plazo», añade en conversación con Alfa y Omega.

En este sentido, denuncia que la falta de planificación y coordinación entre las administraciones «se ceba en los niños solos» y reclama, como también lo hace la Iglesia, un mecanismo de derivación a otras regiones del país.

Otra de las realidades que afectan a los menores y que no se aborda correctamente es la escolarización. A muchos se los integra en clases sin ningún conocimiento de español ni apoyo. Los propios profesores, tal y como explica Loli López, tienen dudas y problemas a la hora de abordar esta situación, algo que les genera «desasosiego en el deseo de hacer bien su trabajo».

Además de denunciar esta situación, el Secretariado de Migraciones de Canarias está trabajando en una propuesta que hará llegar a la Consejería de Educación: la creación de un dispositivo que esté presente en varias zonas y que pueda ofrecer un acompañamiento –con idioma y otros apoyos– a los menores extranjeros. «Se trata de incorporarse al sistema educativo, pero también de integrarse en la sociedad», concluye.

El Defensor del Pueblo censura Barranco Seco

El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido explicaciones al Gobierno por las condiciones del campamento de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria, habilitado tras el desmantelamiento del muelle de Arguineguín.

Tras una queja presentada por el abogado Daniel Arencibia en nombre del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias, Fernández Marugán ha señalado que «las inclemencias climatológicas y el alto número de llegadas han provocado un deterioro notable de las condiciones de vida que han de soportar las personas tras una dura travesía».

Además, explica que se trasladó en diciembre a la Delegación del Gobierno que las carpas instaladas «eran temporales» y que «se habían solicitado instalaciones más sólidas que sustituirían a dichas carpas». Una circunstancia que no se ha producido.

Finalmente constata que, como en Arguineguín, «se vuelve a superar con creces el periodo de 72 horas legalmente previsto para mantener a estas personas bajo custodia».