La peor masacre en una frontera terrestre europea sigue impune

A dos años de la mayor tragedia ocurrida en una frontera terrestre de la Unión Europea, los interrogantes sobre lo que pasó realmente el 24 de junio de 2022 en Melilla son más que las certezas sobre lo ocurrido. Ni siquiera se conoce con seguridad cuántas personas murieron ese día. Marruecos cifra en 23 los muertos, pero las organizaciones sobre el terreno, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, elevan el dato a 37 personas fallecidas.

Tras semanas de hostigamiento por parte de las autoridades marroquíes, como demuestra una reciente investigación de Border Forensics y Centre Irídia, la mañana del 24 de junio casi 1.700 migrantes descendieron desde el monte Gurugú, donde estaban establecidos temporalmente, en dirección a Melilla con la intención de cruzar la frontera. La gendarmería, consciente del movimiento, no intervino hasta que el grupo llegó al perímetro de la valla entre Nador y Melilla, atacándolos con violencia y obligándoles a desviarse hacia el paso fronterizo conocido como Barrio Chino. Este paso, de reducidas dimensiones, se convirtió en una ratonera. Desde el lado marroquí, las autoridades arremetieron violentamente contra el grupo; desde el lado español, la Guardia Civil lanzó gas pimienta. En su intento por huir, los migrantes lograron romper la puerta del paso y se produjo una avalancha. 470 migrantes pasaron al lado español y fueron retenidos. El resto quedó atrapado en el puesto fronterizo, donde los fallecidos se mezclaban con los heridos.

Esta reconstrucción de los hechos, realizada por Lighthouse Reports en colaboración con medios internacionales y la fundación porCausa, demuestra que, al menos, uno de los fallecimientos se produjo en suelo español. Además, en las horas que siguieron a la avalancha, los agentes marroquíes accedieron al lado español para llevar de vuelta al país africano a los migrantes, algunos de ellos inconscientes y otros incluso atados de pies y manos. La mayoría eran jóvenes originarios de Sudán, huían de la guerra y tenían derecho a pedir asilo en Europa, según la ley. «Fueron arrinconados hasta la muerte», denunció el Papa en un vídeo publicado el pasado lunes durante un homenaje celebrado en el aniversario del suceso. «No tengamos miedo de llamar masacre a estas cosas», pidió Francisco.

Las palabras del Pontífice contrastan con el trabajo de las fiscalías española y marroquí, que han concluido las investigaciones sobre lo que pasó ese día sin depurar responsabilidades y sin encontrar indicios de delito. Ninguno de los gobiernos da respuesta oficial a los interrogantes sobre las actuaciones de ese día, aunque fuentes del Ministerio del Interior, el CNI y la Guardia Civil confirmaban esta semana que los hechos fueron otro intento más de Marruecos por demostrar su fuerza en la frontera.

Esta demostración de poder es una prueba de cómo las relaciones entre España y Marruecos están marcadas desde hace décadas por la política migratoria. En este contexto, el país africano provoca situaciones de tensión migratoria en la frontera española para presionar diplomáticamente a la Unión Europea y conseguir así sus objetivos en política exterior. Antes de Melilla, ya sucedió algo similar en Ceuta en mayo de 2021, cuando Marruecos permitió la entrada masiva de casi 8.000 migrantes en respuesta a la acogida del líder del Frente Polisario en un hospital español.

En estos dos años no ha vuelto a producirse un incidente parecido en la frontera sur. Sin embargo, esto no significa que no suceda en otros puntos más alejados del continente europeo, gracias al aumento de la inversión en terceros países y la externalización de la gestión fronteriza que la UE y España promueven en los últimos años. El objetivo de estas políticas es impedir que masacres como estas sucedan cerca, no evitarlas. Mientras, las familias de los casi 100 desaparecidos el 24 de junio de 2022 siguen esperando respuestas sobre lo que sucedió a sus seres queridos.