La pena de muerte pierde terreno en el mundo

«Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la COVID-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa». Es la denuncia de Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, durante la presentación este miércoles del informe sobre la pena capital que publica anualmente la ONG.

Se refiere principalmente a Egipto, Irán, Irak y Arabia Saudí que concentran el 88 % del total de ejecuciones que se produjeron en el año 2020. De entre todos ellos destaca Egipto, país que triplicó la cifra de ejecuciones anuales, y se convirtió en el tercero que más ejecuciones llevó a cabo en 2020.

Mención aparte merece China. Se trata del mayor ejecutor mundial, según Amnistía, pero se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado. La cifra se presupone alta, pues el Estado anunció que se castigarían con pena de muerte los actos delictivos que afectaran a las medidas de prevención de la COVID-19.

Por su parte, Estados Unidos volvió un año más —y ya van doce— a convertirse en el único país de América que llevó a cabo ejecuciones. En concreto, en Norteamérica, se aplicó la pena capital en 17 ocasiones. Además, el gobierno de Trump reanudó las ejecuciones federales después de casi dos décadas.

Menos ejecuciones y condenas

A pesar de estos datos, el número total de ejecutados en 2020 fue de 483 personas, siendo esta la cifra más baja de ejecuciones en un decenio por tercer año consecutivo. Representa una disminución del 26 % respecto a 2019, y del 70 % desde el máximo de 1.634 ejecuciones alcanzado en 2015.

No se registraron ejecuciones, por ejemplo, en Baréin, Bielorrusia, Japón, Pakistán, Singapur o Sudán, países que sí las habían llevado a cabo en 2019. Además, también descendió el número de condenas a muerte impuesto en todo el mundo: 1.477, lo que representa una disminución del 36 % respecto a 2019.