Kazajistán también elimina la pena de muerte

Tamara Chikunova nunca olvidará aquel 17 de abril de 1999 en el que tres policías de paisano arrestaron a su hijo. A ella le dijeron que se trataba de una formalidad, pero la realidad es que acusaron a Dmitry injustamente de haber matado a varios ciudadanos coreanos. «Le torturaron hasta que firmó el documento que le pusieron delante. Se trataba de una declaración de culpabilidad. Lo hizo a cambio de mi seguridad, y para que me dejaran de golpear», explica Chikunova en entrevista con Alfa y Omega. Entonces, le condenaron a muerte. Antes de la ejecución, concedieron a Tamara un cara a cara con su hijo. Era el 10 de julio del 2000. Pero Dmitry no se presentó al encuentro. Lo habían fusilado unas horas antes. 40 días después «me entregaron su última carta escrita antes de la ejecución: “Mi querida mami. Te pido perdón si no es el destino vernos. Recuerda que no soy culpable, no he matado a nadie. Prefiero morir, pero no dejaré que nadie te golpee. Te quiero mucho y eres la única persona querida para mí. Por favor, recuérdame. Te beso fuerte. Tu hijo, Dmitry”». Rota por el dolor, Chikunova consagró su vida a luchar contra la pena de muerte. Fundó la asociación Madres contra la Pena de Muerte y la Tortura, y con la ayuda de la Comunidad de Sant’Egidio logró que Uzbekistán, su país de origen, eliminara la pena capital en 2008. «110 personas se salvaron de la ejecución», concluye Tamara. «La pena de muerte es un asesinato voluntario y a sangre fría de una persona por parte del Estado en nombre de la justicia». Es «la venganza de la sociedad». En marzo de 2005, esta defensora de los derechos humanos logró que se reconociera la inocencia de su hijo. Su juicio fue declarado injusto y Dmitry rehabilitado post mortem.

Pero Uzbekistán solo fue el primer país de muchos otros: Tayikistán, Kirguistán, Mongolia… «El trabajo de sensibilización de Tamara ha tenido un impacto en todo el área de Asia central», explica a este semanario Marco Gnavi, responsable de las iniciativas de la Comunidad de Sant’Egidio sobre la pena de muerte. El último país que se ha sumado a esta corriente abolicionista ha sido Kazajistán.

«En 2003 se alcanzó una moratoria de las ejecuciones», explica Gnavi, que también es párroco de la basílica de Santa María en Trastévere, en Roma. Estuvo vigente durante 20 años. En esas dos décadas, sin embargo, los tribunales kazajos continuaron dictando la pena capital. También durante todo ese tiempo, Sant’Egidio y Chikunova tomaron el camino opuesto. «Ofrecimos todo nuestro bagaje legal, explicamos nuestras motivaciones éticas, fortalecimos las relaciones con otros actores en el proceso de abolición y apoyamos todos y cada uno de los pasos que se fueron dando hacia la prohibición de la pena capital».

Trabajo diplomático

A todo esto, hay que sumarle el delicado trabajo diplomático de la comunidad, que logró llevar al ministro de Justicia del país «a una de nuestras conferencias internacionales sobre el tema de la pena de muerte». Incluso el actual presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, estuvo en la edición de 2007 siendo entonces presidente del Senado. «El ministro de Asuntos Exteriores nos escribió recientemente en su nombre», asegura Gnavi. «Nos agradecía nuestra contribución en este proceso y la larga historia que nos ha unido en la búsqueda de la promoción de los derechos, la paz, el entendimiento y el diálogo».

El trabajo obtuvo su fruto en septiembre de 2020. El día 24 de aquel mes el representante permanente de Kazajistán ante la ONU, Kairat Umarov, firmó en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, que fue aprobado por la Asamblea General en diciembre de 1989. Este fue un paso decisivo, pero no el definitivo, pues al tratarse de un acuerdo internacional el Parlamento de Kazajistán todavía debía dar el visto bueno. Este llegó el 29 de diciembre de 2020. Entonces, se convirtió en el país número 105 en eliminar la pena de muerte de su sistema jurídico. En la actualidad, de todas las ex repúblicas soviéticas, solo Bielorrusia sigue aplicando regularmente la pena de muerte.