La ONU da 60 días a España para que elimine la eutanasia por discapacidad - Alfa y Omega

La ONU da 60 días a España para que elimine la eutanasia por discapacidad

ABC revela que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha escrito a la Misión Permanente de España para denunciar que «las limitaciones sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria» sea causa para pedir la eutanasia

Redacción
Foto: AFP / Federico Parra.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha dado a España un plazo de 60 días para evitar que la ley de eutanasia que previsiblemente se aprobará este jueves «permita la eutanasia por motivo de discapacidad». Así se expresa en una carta enviada a la Misión Permanente de España en la ONU a la que ha tenido acceso ABC.

El «Estado debe velar por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación», se lee en el texto. El comité encargado de velar por el cumplimiento por parte de los estados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad muestra especialmente su «preocupación» por los artículos 4 y 5.

Es en estos donde se incluye entre las personas a las que se les permite el acceso a la eutanasia a aquellas que «sufran» por un padecimiento «imposibilitante»; es decir, afectadas por «limitaciones sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria». Como respuesta, se da a España 60 días para informar «sobre cualquier medida adoptada» para que la ley sea «compatible con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad».

Rechazo del CERMI

Esta formulación alarmó al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que a comienzos de mes trasladó su preocupación a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. El delegado del CERMI estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, le informó de que la proposición de ley incluía «alusiones claras a la discapacidad como vidas descartables». Esto era, en su opinión, «una anomalía» en el «siglo XXI». No se puede, «en nombre de la protección, violar los derechos de los más vulnerables».

«La regulación legal de la eutanasia no puede asociarse a personas o grupos sociales concretos, como el de las personas con discapacidad, ni directa ni indirectamente», subrayaba la misma entidad en otro llamamiento, esta vez dirigido a la Comisión de Justicia del Congreso antes de la votación de su dictamen, aprobado el pasado jueves.

También contra el aborto eugenésico

No es la primera vez que una ley presentada como progresista recibe graves críticas por parte de los responsables de velar en la ONU por los derechos de las personas con discapacidad. En la primavera de 2019, en sus observaciones finales sobre el grado de adhesión de España a la convención, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó que retirara de las proposiciones de ley de eutanasia que se tramitaban en ese momento todas las disposiciones relativas a la eutanasia por motivos de discapacidad. Estas, aducían, contribuyen «a crear un clima de estigma» contra los discapacitados que puede conducir a la discriminación.

En ese mismo informe se insistía, una vez más, en el carácter discriminatorio del supuesto de aborto por la presencia en el feto de anomalías. Una crítica recurrente desde la aprobación en 2010 de la Ley Aído. Además de instaurar un sistema de aborto libre hasta la semana 14, la norma permitía abortar por anomalías del feto (o por riesgo para la madre) hasta la semana 22 y sin límite de tiempo si tiene una enfermedad grave e incurable. En sus observaciones presentadas en septiembre de 2011, el Comité pedía «abolir la distinción que hace la ley con respecto al plazo permitido para abortar, basada solo en la discapacidad».

Este golpe a la proposición de ley de eutanasia desde la ONU, se suma a los procedentes del Comité de Bioética de España (organismo asesor del Gobierno), que en un extenso informe negó por unanimidad, en octubre, que la eutanasia pudiera presentarse como un derecho. También al Consejo General de Colegios Médicos. En septiembre, recordó que su Código Deontológico contempla que «el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este».