La masacre de Melilla

El 24 de junio morían más de 37 jóvenes demandantes de asilo en el paso fronterizo del Barrio Chino de Melilla en lo que sin duda ha constituido la mayor tragedia humana ocurrida en una frontera terrestre de Europa.

Antes de la valla

Hasta mediados de los años 90 no existía valla física entre España y Marruecos y el flujo migratorio irregular proveniente de la parte subsahariana se realizaba por el mar, en los llamados cayucos. En 2002 España y otros países mediterráneos de la Unión Europea empezaron a controlar la frontera marina. Es en 2005 cuando los inmigrantes empiezan a cruzar la frontera por tierra. De los tres intentos de cruce en 2002, se pasa a siete en 2003 y a más de 30 en 2005.

En el caso de Melilla, a finales de 2005, tras varios intentos de cruce protagonizados por centenares de personas el Gobierno de Zapatero decidió profesionalizar la valla. Se incrementó su tamaño, su altura, los sistemas de detección de movimientos y el control con cámaras y sensores… Sin embargo, por muy superferolíticas que sean, las vallas per se no son especialmente útiles para impedir los cruces de las personas. Como demuestran los hechos recientes, son las Fuerzas de Seguridad las que limitan realmente la capacidad de paso. La valla es solamente un elemento inerte que dificulta, pero no evita. Y así llegamos a la época presente en la que en control y regulación los pasos terrestres entre Europa y África, la frontera más desigual del mundo, dependen del control humano que ejercen la Gendarmería marroquí y la Guardia Civil española.

Sobre aquellos mimbres…

Depender de un país vecino con un PIB diez veces menor y una dudosa calidad democrática para controlar los movimientos migratorios irregulares que provienen de todo un continente es jugar a la ruleta rusa. El poder que la externalización de la frontera terrestre de Europa ha otorgado a Marruecos es incuestionable y difícilmente reversible. Esta situación se ha ido fraguando durante años, desde que tuviera lugar la llamada crisis de los cayucos, que se solucionó principalmente con concesiones y maletines. Al principio más discretamente, era solo cuestión de tiempo que Marruecos lanzara su primer órdago y dejara claro que el precio que pagar por sus gestiones lo marcaban ellos. Esto tuvo lugar entre el 17 y el 19 de mayo de 2021, cuando Marruecos promovió el paso de más de 15.000 personas que cruzaron por el Tarajal a Ceuta, generando una crisis sin precedentes. Las consecuencias de esto fueron el reconocimiento del plan de Marruecos sobre el Sáhara, los millones de euros entregados al Gobierno marroquí en formato de ayudas al desarrollo y soporte para compra de equipos militares de uso en control de frontera, y la constatación de que las autoridades de España y la Unión Europea ceden al chantaje que usa a seres humanos como medida de presión política.

¿Qué pasó el 24 de junio?

El 29 de noviembre veía la luz un vídeo de Lighthouse Reports y un consorcio de periodistas y medios internacionales que esclarece lo que hasta entonces había sido una amasijo de informaciones dispersas difícil de contar entre sí. El pasado 13 de diciembre Amnistía Internacional completaba las informaciones sobre la masacre de Melilla, certificando la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de otras 77.

Todo se inicia durante los cuatro días anteriores al 24 de junio, en los que las fuerzas marroquíes atacan y amenazan con una violencia inusual a los grupos de migrantes situados en el monte Gurugú, la mayoría sudaneses, una nacionalidad que está reconocida como receptora de asilo en España. La Policía marroquí destruye y quema las pocas pertenencias que tiene y usa gases lacrimógenos para obligarlos a moverse de los asentamientos. Al alba del día 24 se forma en enorme columna compuesta por varios centenares de jóvenes agotados, sedientos, hambrientos y sin nada más que perder que su vida, que descienden desde el monte hacia la valla.

En el vídeo se aprecia cómo las Fuerzas de Seguridad marroquíes no llevan a cabo ningún movimiento para dispersar al grupo que antes de llegar a una esquina de la valla fronteriza, rebasa una larga fila de furgones. Les dejan seguir avanzando hasta que llegan al paso del Barrio Chino. En ese momento las fuerzas marroquíes atacan al grupo por detrás, empujándolo hacía la zona de dentro del paso que es, según fuentes de Fiscalía y Guardia Civil, como una «ratonera». El grupo, de aproximadamente 700 personas, accede a la parte marroquí del paso sobre las 8:18.

La Policía marroquí rodea el lugar y lo bloquea e inicia una carga con gas lacrimógeno, disparando al menos 20 botes en menos de ocho minutos. A las 8:40, con dos agentes gravemente heridos, la Guardia Civil se retira de la zona española del paso. Dos minutos más tarde se produce una gran avalancha y un efecto embudo en la puerta, dando lugar a un apelotonamiento de personas que se precipitan hacia el lado español quedando atrapados cuerpos a ambos lados de la línea que separa España y Marruecos. En el vídeo se identifica en el lado español a Anwar, a quien un agente marroquí toma el pulso y da por muerto.

Acto seguido, las fuerzas marroquíes empiezan a desalojar con violencia el interior del paso fronterizo, tanto el lado marroquí como el español. El lugar está repleto de personas heridas de gravedad, pero no se presta auxilio a nadie. En la puerta que separa ambos países —donde la gente sigue aplastada— los agentes marroquíes continúan golpeando a los jóvenes con porras y arrastrando cuerpos vivos e inertes hacia a una explanada situada en el exterior, junto a la entrada marroquí del paso fronterizo. Los detenidos son maniatados, golpeados y puestos boca abajo. Permanecieron así entre tres y cinco horas bajo el sol, sin asistencia médica.

Mientras, la Guardia Civil, crea un cordón de contención a pocos metros del lugar para retener a quienes logran cruzar el complejo fronterizo. Hay 470 personas retenidas por las fuerzas españolas y 133 sí logran burlar el cordón policial y llegar hasta el CETI de Melilla. La Guardia Civil abre una puerta de la valla y comienza las devoluciones en caliente de las 470 personas retenidas. No se les brinda asistencia médica ni se les permite solicitar asilo. Varias imágenes muestran a agentes españoles lanzando piedras, propinando golpes y usando gas pimienta contra algunas que tenían las manos levantadas. Al menos una de las personas devueltas a Marruecos es menor de edad. Las devoluciones comienzan a las 10:00 y terminan a las 10:21.

En España, una ambulancia de Cruz Roja aparcó a 100 metros de donde se producían estos hechos. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que la ambulancia no pudo acercarse más por razones de seguridad, pero no aclaran por qué no intervino cuando el grupo estuvo retenido y estabilizado, cuando el riesgo de seguridad desapareció.

Los refugiados que quedaron a cargo de las Fuerzas de Seguridad marroquíes fueron trasladados a zonas remotas de Marruecos, donde fueron abandonados, sin recibir atención médica, con trayectos de hasta 16 horas. Al menos una persona perdió la vida.

Las mentiras de Interior

Los hechos relatados están construidos principalmente a través del análisis de vídeos que no dejan lugar a dudas y ampliados con testimonios contrastados de fuentes que incluyen a supervivientes y a mandos de la Guardia Civil y de Interior. Lo que sucedió en la frontera ese 24 de junio fue una masacre sin precedentes, resultado de una manipulación de la situación por parte de las fuerzas marroquíes, y una precipitación de sucesos mal gestionados que desbordaron a todas las partes implicadas.

Pero llegar a este punto ha sido muy difícil, ya que desde el principio Interior ha ocultado y tergiversado los hechos. Las primeras declaraciones del ministro Fernando Grande-Marlaska y del presidente del Gobierno fueron casi triunfalistas; la actuación fue «legal y proporcionada» y Pedro Sánchez llegó incluso a señalar que todo había estado «bien resuelto». Días después, en una comparecencia en Bruselas, el presidente tuvo que admitir que le faltaba información cuando hizo dichas declaraciones, retractándose tímidamente.

La magnitud de lo sucedido empezó a ser innegable de forma progresiva según iban haciéndose públicos videos tomados por periodistas, activistas y agentes de la ley de ambos lados de la frontera. El periodista Javier Bernardo, autor de la foto que abre este artículo, explicaba todavía perplejo en el programa radiofónico Carne Cruda cómo la guardia civil le había permitido sacar muchas de las fotos gracias a las que se han podido reconstruir los hechos. Muchos de los vídeos, que componen el reportaje de Lighthouse Reports, están tomados por presuntos gendarmes, incluido ese en el que se ve cómo un agente certifica la muerte de Anwar, el joven fallecido en el lado español. Y finalmente fueron declaraciones de miembros de la Guardia Civil las que permitieron cerrar algunas de las incógnitas que la opacidad de Interior creaba.

¿Por qué ese interés del ministerio en negar lo evidente y esconder la verdad?

Casi un mes después de la tragedia la Fiscalía General no había avanzando sustancialmente en la investigación que inevitablemente tuvo que emprender. Sí fue determinante la actitud del Defensor del Pueblo, que el día 20 de julio visitaba Melilla y poco después presentaba un informe demoledor acusando a Interior de no haber facilitado todas las pruebas que tenía y de haber llevado a cabo hasta 470 acciones ilegales de devolución en caliente. El grupo del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes (MIEI) de la ONU abrió una investigación porque, según se interpreta del texto oficial, podrían existir indicios de que pudo haber un uso indebido de la fuerza, incluso lo que ellos denominan «muertes ilegales». Pero pese a la presión nacional e internacional el PSOE, con el apoyo del PP, se ha negado hasta el momento a una comisión de investigación.

El reportaje de Lighthouse Reports se publicó en toda Europa un día antes de la última comparecencia de Marlaska en el Congreso. Durante su intervención, pese a que ya no quedaba ninguna duda de que Interior había ocultado pruebas y negado partes tan importantes de la tragedia como la muerte de personas en suelo español, mantuvo su discurso de que la actuación había sido «legal y proporcional».

Un día antes de Nochebuena, la Fiscalía dio carpetazo al asunto. Archivó el caso por no ver indicios de delito, avalando las devoluciones en caliente contra lo expresado por el Defensor del Pueblo.

Las responsabilidades

Lo sucedido en Melilla es la crónica de una muerte anunciada. Cuando la gestión de algo tan inherente al ser humano como el movimiento se hace de forma tan inhumana, el resultado no puede ser otro que dolor y muerte. El concepto de control migratorio aplicado a evitar los movimientos es relativamente nuevo: apenas data de hace unos 20 años. Ha generado un modelo absolutamente devastador para todas las partes implicadas, desde las más vulnerables —que son las personas que tienen que cruzar— hasta las que componen los Cuerpos de Seguridad en frontera.

Sin embargo esto es extremadamente rentable económicamente para lo que la Fundación porCausa denomina la industria del control migratorio, incluyendo en ella a los países terceros que reciben grandes cantidades de dinero en lo que se denomina externalización de la frontera. Este opaco entramado de intereses puede que sea el que está a la base de la falta de asunción de responsabilidades del Gobierno. Tampoco ayuda mucho la desafección de la opinión pública, que no siente como suyos a los más de 37 jóvenes refugiados muertos a las puertas o incluso algunos dentro de nuestras fronteras.

En cualquier caso es muy grave que el engaño y la opacidad prevalezcan y no se castiguen. La democracia necesita de transparencia para estar sana y funcionar, y ya vivimos las consecuencias de un Ministerio del Interior que no respetó dicho valores en el pasado. Deberíamos aprender de nuestros errores.