La Junta anuncia recortes en la enseñanza concertada. Acoso a la libertad educativa en Andalucía

Los padres andaluces están sufriendo un nuevo episodio de la politización a la que está sometida la enseñanza en nuestro país desde hace décadas. El motivo es la decisión de la Consejería de Educación de Andalucía de recortar la dotación económica de la enseñanza concertada, para reducir el número de plazas en estos centros. Tanto los colegios concertados como los padres de alumnos han manifestado su disconformidad con una decisión que atenta –afirman– contra el derecho a la educación que reconoce la Constitución.

Ya no se trata sólo del acoso a la educación diferenciada que están padeciendo miles de padres de alumnos en Andalucía. La Junta tiene en el punto de mira a la misma enseñanza concertada. La Consejería de Educación de la Junta ha anunciado que revisará a la baja los acuerdos económicos con los colegios de iniciativa social concertada, debido a «razones demográficas y presupuestarias, y también para contrarrestar los efectos de la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert». Esta decisión contrasta con la realidad educativa de la Comunidad andaluza, donde, cada año, el 30 % de las solicitudes en los colegios concertados se queda sin cubrir, por falta de plazas suficientes. Por lo demás, las razones económicas a las que alude la Consejería de Educación son difícilmente comprensibles, a juicio de Escuelas Católicas, principal patronal del sector, que recuerda que la plaza, en la concertada, cuesta aproximadamente la mitad. Sólo en la provincia de Córdoba, según un reciente estudio de esta organización, el ahorro anual para la Junta es de 108 millones de euros.

Contra la politización

Escuelas Católicas de Andalucía denuncia que éste es un episodio más en «la politización de la educación en nuestro país», y resalta que «los padres son los principales afectados al no poder elegir, dentro de la oferta de las dos redes apoyadas con fondos públicos (centros públicos y concertados), atendiendo a los valores en los que quieren educar a sus hijos». La Junta de Andalucía «tiene que respetar el derecho de los padres a la libertad de enseñanza, sancionado por nuestra Constitución y por el actual desarrollo legislativo, entre ellas la vigente Ley de Educación de Andalucía». Si la Administración autonómica sigue adelante con «este cambio estratégico de renovación de conciertos», recortando los conciertos, la Federación de Escuelas Católicas de Andalucía «tomará inmediatamente las medidas legales oportunas en defensa de los derechos e intereses de nuestros centros».

Además de Escuelas Católicas, se ha pronunciado contra los planes de la Junta la Federación de Enseñanza del sindicato USO Andalucía (FEUSO). A su juicio, las intenciones de la Consejería de Educación «son una cortina de humo, con la que tratar de desviar la atención de la sociedad andaluza de su deficiente gestión en el ámbito de los centros públicos, que son de su exclusiva competencia y responsabilidad». Asimismo, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía, que representa al 38% de los profesores andaluces, ha declarado que se trata de «un ejemplo más de la utilización partidista de la Educación». Los recortes de la Junta se añadirían a los que los profesionales de la concertada «venimos sufriendo, desde 2010, que es un grave deterioro en nuestras condiciones salariales: en 2012, este recorte se ha concretado en nuestras nóminas en 250 euros menos mensuales, en el período de julio a diciembre», dice este sindicato.

Acoso a la enseñanza diferenciada

La asfixia económica a los conciertos educativos se suma al acoso a la enseñanza concertada diferenciada que sufren los doce centros de este tipo que existen en Andalucía. La plataforma Mispadresdeciden, que agrupa a las familias cuyos hijos estudian en estos colegios, ha subrayado que «los padres, primeros educadores, son quienes deben decidir el modelo de educación que desean para sus hijos, ejerciendo un derecho fundamental recogido en la Constitución». Asimismo, declaran que, «en estos tiempos de crisis, no entendemos que se priorice eliminar un concierto que ahorra dinero a la Administración pública, a lo que se sumaría el dejar sin trabajo a 600 empleados entre docentes y personal de administración y servicios de estos 12 centros».