La izquierda radical boicotea a la escuela católica

Las localidades de Parla y Rivas Vaciamadrid son dos de los tradicionales feudos de la izquierda madrileña, reductos del antiguamente llamado cinturón rojo de la Comunidad. De Parla fue regidor Tomás Gómez, actual Secretario regional del PSOE de Madrid, partido que sigue gobernando el Ayuntamiento. Y en Rivas, el Consistorio lleva el sello de Izquierda Unida desde hace tres legislaturas. Tal es la tensión interna que el control del poder ha generado en el partido marxista ripense, que su alcalde desde 2003, José Massa, renunciaba el pasado martes a su cargo, por disputas y luchas intestinas con los coordinadores locales de Izquierda Unida. Entre las dos localidades suman 35 colegios públicos, 13 institutos, 3 colegios concertados no católicos… y ni un solo centro concertado o privado confesional. Ahora, la demanda de las familias ha sido tal que la Consejería de Educación ha dado el visto bueno a la creación, el próximo curso, de una escuela católica en cada municipio: el colegio San Juan Pablo II, en Parla, gestionado por la Fundación Educatio Servanda en estrecha colaboración con el Obispado de Getafe; y el centro Santa Mónica, en Rivas, vinculado al Opus Dei y auspiciado por el Obispado de Alcalá de Henares.

La noticia de ambas aperturas fue acogida con esperanza y alegría por cientos de familias -sólo en el centro de Rivas se recibieron más de 250 solicitudes de plaza en los cuatro primeros días del plazo-, aunque con suma frialdad y acritud por parte de los respectivos Ayuntamientos. En las últimas semanas, el consistorio de Parla ha retirado sin previo aviso las vallas publicitarias que Educatio Servanda había contratado, además de poner numerosos impedimentos administrativos a las obras, aconsejando a las familias no solicitar plaza por la presunta «falta de seguridad» del proyecto. Un escenario similar al que ha pintado IU en Rivas.

Ante este boicot, las familias han reaccionado exigiendo que se respete su derecho constitucional a elegir la educación para sus hijos que mejor responda a sus valores y creencias, en un escenario de libertad de elección que incluya la diversidad en la oferta. En Parla, por ejemplo, centenares de familias se han unido en la plataforma Libres para educar, desde la que han impulsado el manifiesto Libres para vivir, libres para educar. En el texto, explican que, «durante décadas, cientos de padres católicos de Parla han enviado, y siguen enviando, cada año a sus hijos a estudiar a centros de otras poblaciones con no pequeños sacrificios. Negar a priori esta posibilidad no es democrático». Por eso, se felicitan ante la nueva y próxima apertura del colegio San Juan Pablo II, con la que «comienza a cubrirse una necesidad largo tiempo demandada por muchos», y recuerdan que «su puesta en marcha es responsabilidad de sus promotores; ni el suelo ni la edificación van a generar gasto público adicional» y «la Administración, según establece el sistema de conciertos vigente, aportará el salario de los docentes», sin que haya en esto «trato de favor; simplemente se cumple con lo previsto en una ley en la que se contemplan dos modelos de gestión de los centros públicos». Además, recuerdan que «estos padres, como todos, pagan la educación pública de la cual no hacen disfrute y no tienen compensación» y solicitan a las autoridades «que promuevan y no sofoquen una iniciativa como ésta, que nace de la sociedad civil y que promueve el pluralismo».