CONCAPA lleva el Defensor del Pueblo la exclusión de concertados en ayudas energéticas

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha registrado una queja ante el Defensor del Pueblo por la exclusión de los centros privados concertados del PREE Docente, dotado con 200 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de edificios educativos públicos. La organización pide que se revise esta limitación y se estudie una fórmula que permita financiar también actuaciones en los colegios concertados.

El programa fue autorizado por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2026, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. La Conferencia Sectorial de Energía acordó el 21 de julio el reparto territorial de los fondos entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Las ayudas contemplan mejoras en climatización, aislamiento térmico, iluminación, energías renovables y sistemas de control.

En los concertados hay también vulnerables

CONCAPA considera que el criterio de titularidad del edificio deja fuera a alumnos que también reciben enseñanza dentro del servicio público educativo. En su escrito, recuerda que la Ley Orgánica de Educación establece que este servicio se presta a través de centros públicos y privados concertados. Por ello, reclama que la asignación de recursos tenga en cuenta las condiciones en las que estudian los menores, además de quién es propietario del inmueble.

La entidad sostiene que las deficiencias de climatización, el calor extremo y las condiciones ambientales afectan al alumnado con independencia del tipo de centro. También advierte de que excluir a los concertados puede trasladar indirectamente a las familias el coste de las mejoras, con especial incidencia en hogares vulnerables o con varios hijos escolarizados.

Impactará a los menores

La queja solicita al Defensor que pida explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía sobre los motivos jurídicos y técnicos de la exclusión. También reclama conocer si se evaluó su impacto sobre la infancia y si se ponderó el interés superior del menor.

Como posibles alternativas, CONCAPA plantea ampliar el programa a los concertados, crear una línea específica de financiación o distribuir las ayudas según las necesidades de rehabilitación y la vulnerabilidad del alumnado. Propone, además, garantías para que los fondos se destinen íntegramente a mejorar las condiciones de los estudiantes.

La organización no solicita, según recoge el documento, un privilegio para los centros concertados, sino que la titularidad del colegio no suponga una menor protección del bienestar de los niños.