La Iglesia señala a Biden sus paradojas en política migratoria

Seguramente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no pensaba regresar de su visita a El Paso (Texas) el domingo pasado con una estampa del Sagrado Corazón en la que una niña migrante escribió desde Ciudad Juárez (México) una oración para reunirse con su madre. Se la dio el obispo de la ciudad, Mark Seitz. Tampoco él esperaba, al pedir hablar con el presidente, que además de convocarle a una reunión le llamarían de la Casa Blanca para recibir a Biden a pie del Air Force One y compartir con él un trayecto en limusina. Quería «manifestarle nuestra preocupación por la política migratoria», relata a Alfa y Omega.

El 5 de enero, el Gobierno anunció que ampliará a nicaragüenses, haitianos y cubanos el permiso humanitario de permanencia que en octubre se empezó a conceder a los venezolanos. Eso sí, siempre que lo soliciten desde su país de origen y tengan en Estados Unidos un patrocinador. Cada mes se concederán 30.000 permisos. También se elevarán a 20.000 los refugiados admitidos al año.

Al mismo tiempo, se ampliarán los recursos para el control de fronteras. Se expulsará a quienes hayan cruzado ilegalmente las de Estados Unidos, México o Panamá, y no podrán entrar en el país durante cinco años. A 30.000 mensuales los aceptará México; «a otros ya los están llevando directamente a Haití o Venezuela, y están negociando con Cuba», explica Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, de la misma ciudad.

Durante el viaje compartido con Biden, «no quise forzar este tema», explica Seitz, que desde noviembre también preside el Comité de Migración de la conferencia episcopal. Pero por la tarde, junto con la hermana Norma Pimentel y Rubén García, muy activos en la pastoral con migrantes, le transmitió que «agradecemos que se abran nuevos canales para que venga al país la gente que lo necesita, pero nos preocupa mucho la postura hacia quienes ya están en camino». Personas con historias como la de la niña de la estampa. El presidente «quiso transmitirnos que estas situaciones no le dejan indiferente».

¿Por qué entonces una actitud tan contradictoria? Al tiempo que se ofrece una vía legal y segura para emigrar, esta se empareja con «una medida ilegítima, ilegal e inhumana» como castigar a quien pide asilo en la frontera, «algo que es un derecho sagrado y muy importante para proteger» a los refugiados, afirma Corbett. «Alguien que sufre persecución en Cuba» o Nicaragua «tiene que salir de allí, no puede quedarse» y esperar. Igual que la medida deja fuera a los muchos venezolanos que ya no tienen pasaporte.

Aunque la vía legal de entrada tardará aún en entrar en vigor, tanto Corbett como Seitz ya han constatado que desde el anuncio se han acelerado las deportaciones y los rechazos en frontera. A El Paso llegaban más de 1.000 migrantes al día y ahora la cifra está en torno a unos 200, y «en los últimos días han expulsado a cientos a Juárez», su vecina mexicana. Sobre todo nicaragüenses, al amparo del Título 42. Esta medida, implantada al inicio de la pandemia por Trump, rechaza a los solicitantes de asilo en la frontera por razones sanitarias.

Las últimas medidas se ven como una ampliación del Título 42, a pesar de que el Gobierno se ha opuesto a él en los tribunales y Corbett considera probable que el Supremo lo anule en junio. Más aún, al rechazar a los solicitantes de asilo que hayan pasado por terceros países —todos los no mexicanos que llegan a la frontera sur— «están intentando revivir otra política de Trump que los tribunales rechazaron».

¿Éxito con los venezolanos?

«Creo que los legisladores encuentran razones para apoyar una política mirando a su impacto positivo en algunos, y quizá no reconocen las implicaciones para otros», intenta explicar Seitz. Las crisis en Venezuela, Haití y Nicaragua han generado sucesivas oleadas migratorias, y con ellas «miedo». Ante esto, «la Administración está dispuesta a cualquier medida que crea que detendrá el flujo». De hecho, el día 5 la Casa Blanca aludió al «éxito» de los permisos humanitarios para venezolanos, «que han resultado en una caída dramática» de las entradas ilegales.

Sin embargo, el Gobierno no ha dado datos de a cuántos se les ha concedido, por lo que Corbett atribuye el descenso sobre todo a «la política de disuasión», que tiene consecuencias dramáticas. «En El Paso sigue habiendo cientos de venezolanos irregulares que no pueden salir de la ciudad» ni pedir ayuda a entidades públicas. Y en Ciudad Juárez, en diciembre llegó a haber 20.000 migrantes varados, muchos de ellos venezolanos, que a veces dormían en las calles con temperaturas cercanas a cero.

A pesar de toda la incertidumbre, relata desde la Casa del Migrante Ivonne López, «quieren esperar a entrar» aprovechando alguna excepción. O, añade Corbett, intentándolo una y otra vez a pesar de los rechazos en frontera. Con el riesgo añadido, apunta el obispo, de que «busquen vías más peligrosas. No pueden avanzar, no pueden retroceder, y sienten que no pueden quedarse allí».