«La Iglesia no puede mirar para otro lado cuando uno de sus miembros falla» - Alfa y Omega

«La Iglesia no puede mirar para otro lado cuando uno de sus miembros falla»

La Diócesis de Córdoba pone en marcha un sistema de prevención y actuación en casos de abusos sexuales que debe ser leído y asimilado obligatoriamente por todos los formadores y agentes de pastoral de la diócesis

Fran Otero
Foto: Pixabay

La Diócesis de Córdoba pone en marcha un sistema de prevención y actuación en casos de abusos sexuales que debe ser leído y asimilado obligatoriamente por todos los formadores y agentes de pastoral de la diócesis

La Diócesis de Córdoba acaba de publicar un extenso protocolo ante abusos sexuales a menores y personas vulnerables, que acompaña un código de buenas prácticas con el objetivo de que la Iglesia sea «un espacio protegido para la infancia y un espacio peligroso e inseguro para el abusador».

El documento pone el foco fundamentalmente en la prevención y en la actuación, y establece medidas claras para que los sacerdotes y agentes de pastoral sepan qué hacer. Las líneas fundamentales tienen que ver con que los menores y las personas vulnerables conozcan sus derechos, que haya colaboración con las autoridades civiles, que se realice un proceso penal efectivo y que se atienda y acompañe de manera integral a las víctimas.

Antes de entrar en materia, se dedica un capítulo a explicar qué se entiende por maltrato a menores, ya sea de tipo sexual, psicológico o físico, y también por ciberacoso, al tiempo que se define con claridad qué es lo que se considera agresión, acoso o abuso sexual.

El protocolo aborda más tarde la cuestión de la prevención y apunta tres cuestiones claves: la selección del personal, los programas de formación específica y la concienciación. Sobre la primera se dice que hay que determinar la idoneidad de los candidatos –sacerdotes, seminaristas, formadores, profesores, catequistas, monitores, voluntarios…–, que deben solicitar un certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales y firmar, de manera voluntaria, un documento de responsabilidad personal. Al firmarlo, el interesado rechaza todo tipo de abuso sexual, afirma conocer y asimilar los protocolos de la diócesis, se compromete a participar en la formación que le sea propuesta y declara que, si llegara a cometer un abuso, lo haría traicionando la confianza de la Iglesia y que sería su responsabilidad única y exclusiva.

Según expertos consultados por Alfa y Omega, este último punto es problemático, pues tienen dudas sobre la validez de una declaración de estas características. En cualquier caso, la delegada de Enseñanza de la Diócesis de Córdoba, Ana María Roldán, explicó que con este documento «la persona enviada conoce la doctrina de la Iglesia y las leyes civiles relativas al tema de abusos, que ha leído y se compromete a cumplir el protocolo y el código de buenas prácticas y que manifiesta su rechazo a todo comportamiento que suponga un abuso contra el menor o las personas vulnerables». Y añade: «No exime a la Iglesia de su responsabilidad, pero quiere dejar claro que no acepta esas actitudes de abuso, que son contrarias al mensaje de Jesús y al estilo de vida que Él nos pide. La Iglesia no puede mirar para otro lado cuando uno de sus miembros falla como si no fuera responsabilidad suya».

Las otras patas del plan preventivo de la diócesis cordobesa son la formación y la concienciación y por ello desde el obispado se tendrán que promover iniciativas en este sentido. Ana María Roldán apunta que la concienciación «es una vía segura para desenmascarar los engaños, detectar indicadores y alertas, y romper con la ley del silencio que sufren las víctimas de abusos y que no hacen sino ahondar en su herida y dolor» y la formación, al tiempo que reivindica la formación específica en esta materia como algo fundamental y que debe ser impartida «a todas las personas que presten un servicio pastoral».

Una oficina para denunciar

En el capítulo de detección, denuncia y actuación frente al abuso, la Diócesis de Córdoba ha abierto una oficina donde las víctimas podrán denunciar de manera presencial, por vía telefónica o a través de un correo electrónico. Además, se hace especial hincapié en la atención a las víctimas, en la necesidad que sean bien acogidos y acompañados y que se les busque la ayuda profesional que necesiten.

El documento explica además, al hablar de las obligaciones tras la revelación de un abusos, que «el deber moral de comunicarlo y proteger a los niños está por encima del deber de guardar la confidencialidad de otro tipo de informaciones y relaciones profesionales o de amistad». También es minucioso a la hora de cómo tratar a la víctima cuando procede a denunciar, es decir, qué hay que hacer y qué no.

Finalmente, el texto, aprobado por decreto por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, incorpora un código de buenas prácticas en el trato con el menor o la persona vulnerable –bebe de las pautas publicadas por el Vicariato de la Ciudad del Vaticano, los protocolos de las diócesis de Astorga y Sigüenza-Guadalajara, y el código de la Conferencia Episcopal de Chile– donde se establecen pautas positivas y límites que se deben tomar y las sanciones estipuladas en caso de que no se cumpla.

De cara al futuro, la Comisión de Protección del Menor, creada en diciembre de 2018, prevé la elaboración de un directorio en el que se ofrezcan sistemas de prevención, así como programas de formación para la seguridad y protección de menores y personas vulnerables.

Fran Otero