La Iglesia exige que Europa actúe para evitar más Brumandinhos

«Si vas a Brumandinho y hablas del “crimen”, alguien va a empezar a llorar». Y Vicente de Paula Ferreira, obispo auxiliar de Belo Horizonte (Brasil), pretende que Europa tome nota de esas lágrimas. El 25 de enero de 2019, una represa de aguas residuales de la mina Córrego de Feijão se vino abajo, como habían pronosticado algunos técnicos sin que nadie les hiciera caso. Murieron 272 personas, sobre todo trabajadores locales. «El comedor estaba justo debajo y era la hora del almuerzo», explica. Además, se vertieron sobre el río Paraopeba miles de metros cúbicos de agua y lodo tóxico.

Tres años antes había pasado algo similar en otra mina de la misma empresa, Vale S. A., en Mariana, con 19 muertes. Y puede volver a ocurrir en cualquiera de las 30 represas inseguras que hay en el estado de Minas Gerais. Ferreira reconoce que en Brumandinho «empezó, para mí como obispo, un camino de conversión» que le ha llevado a plantearse «si la humanidad tendrá futuro con este sistema hegemónico capitalista». No fue solo un accidente local, sino una muestra del «estilo de actuación» de compañías que «operan desde el norte global» (Vale tiene un 70 % de accionistas extranjeros) como «una forma de colonialismo hacia el sur».

Tres años después, nadie ha sido condenado por la tragedia de Brumandinho. El caso pasó del nivel estatal al federal, lo que obligó a los afectados a empezar de cero en la capital. Allí, «les es más difícil participar, y más fácil manipular para Vale, que tiene un poder fortísimo». Por otro lado, «las víctimas quieren más que dinero». Las indemnizaciones no compensan el aumento de los intentos de suicidio y del consumo de ansiolíticos en la región. «Quieren justicia y ser comprendidas», no acuerdos que perpetúen los abusos.

Ferreira, que también es secretario de la Comisión para la Ecología Integral del episcopado brasileño, encabezó la Caravana Latinoamericana por la Defensa de la Ecología Integral en Tiempos Extractivos, que del 20 de marzo al 6 de abril recorrió Alemania, Italia, Bélgica, Austria y España. 18 días llenos de encuentros con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, conferencias episcopales y entidades católicas como Cáritas, Redes o CIDSE, y con la sociedad civil, bancos y políticos.

El objetivo era compartir su denuncia sobre cómo 300 proyectos mineros en toda América Latina están afectando negativamente a las comunidades locales. Un tema de renovada actualidad por la guerra de Ucrania. El aumento de la demanda de algunos minerales, recuerda el obispo, llevó al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a «declarar al poco de empezar la guerra que era un momento muy oportuno para avanzar con la minería en tierras indígenas».

Pero, más allá de la denuncia, buscaban también anunciar «una economía sostenible». Para ello, debe respetar la soberanía de las comunidades para oponerse a los proyectos en sus territorios y superar la mentalidad de la minerodependencia y del «explotar por explotar, muchas veces sin necesidad».

Al Parlamento Europeo

Una de sus propuestas insignia es la desinversión en minería, igual que se hace con los combustibles fósiles. Algo que empieza por «saber cuánto tiene la Iglesia invertido» en el sector del extractivismo, apunta Ferreira. Esta campaña, lanzada en otoño, está apenas en sus primeras fases. Pero ya ha dado frutos. Por ejemplo, varios bancos alemanes con ideario católico «están haciendo presión al Gobierno de Brasil, diciéndole que si no aprueba leyes de protección ambiental sacarán sus fondos del país».

Otro punto en el que han hecho especial hincapié fue en hacer llegar al Parlamento Europeo su demanda de que el proyecto de directiva de diligencia debida en sostenibilidad corporativa, publicado por la Comisión Europea el 23 de febrero, «sea eficaz». La norma, que obligará a las empresas a asegurarse de que en toda su cadena de suministros se respetan los derechos humanos y el medioambiente, no puede ser un mecanismo «para que las empresas digan que todo está bien y protejan sus intereses».

Aunque el borrador es innovador en muchos aspectos, algunos analistas lamentan que tiene importantes lagunas y que el 99 % de las empresas quedarán exentas. Para el obispo, es especialmente importante «saber cómo se va a proteger a los afectados» por los incumplimientos. Del mismo modo, la caravana ha pedido que se siga promoviendo en la ONU el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.

A modo de balance, el responsable de Ecología Integral del episcopado brasileño celebra sobre todo «haber reforzado los lazos de amistad entre América Latina y Europa», que permitirán seguir dando a conocer aquí la realidad del subcontinente. En nuestro país, un paso importante en ese sentido fue el compromiso de la Conferencia Episcopal Española de ser altavoz de la realidad iberoamericana, por ejemplo mediante una serie de seminarios conjuntos.