La Iglesia en Europa quiere que las empresas sociales contagien

En momentos de crisis recientes en nuestro país, «las cooperativas han destruido hasta 12 puntos menos de empleo que las empresas tradicionales». Este dato que ofrece Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), es solo una muestra de la aportación a la sociedad de las empresas de economía social. Es decir, aquellas que «priorizan el valor de la persona» por encima de los beneficios económicos, reinvirtiendo estos «en la mejora de la empresa y el mantenimiento del empleo», y que apuestan por una «gobernanza democrática» y son «solidarias y participativas».

A las distintas familias de este sector, como son las cooperativas, las sociedades laborales —modelo único en España en el que los trabajadores controlan la mayor parte del capital—, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción o algunas fundaciones, se podrían sumar en el futuro otras compañías que, sin encajar en ninguna de ellas, cumplan los mismos requisitos.

En España, 43.000 empresas sociales —desde los grupos Mondragón o Eroski hasta la multitud de cooperativas que «capitanean el sector agroalimentario» o las 67 vinculadas a Cáritas— aportan un 10 % del PIB y un 12,5 % del empleo. Esto hace de nuestro país, junto con Francia e Italia, líder de este sector en Europa, donde 2,8 millones de entidades dan trabajo a casi 14 millones de trabajadores, el 6,5 % del empleo.

Uno de los principales activos de nuestro país es la amplia implantación territorial y la transversalidad. «Se ha creado un verdadero sistema no solo de empresas sino legislativo», a nivel nacional y autonómico. Fue uno de los aspectos más valorados por una comisión del Parlamento Europeo que visitó España en febrero para promover el desarrollo del Plan de Acción de Economía Social, presentado por la Comisión Europea hace ahora un año y sobre el que se está realizando un proceso de consulta.

Aportaciones de Mondragón

La Iglesia no es ajena a este proceso. A finales de noviembre, la Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE) hizo públicas sus aportaciones, elaboradas por un grupo de trabajo específico en el que han participado representantes de Cáritas y del mismo Grupo Mondragón, fundado por el sacerdote José María Arizmendiarrieta. No en vano, asegura Elena Lasida, que ha liderado el equipo, «los principios que orientan la economía social y solidaria coinciden con los que fundamentan la doctrina social de la Iglesia: bien común, destino universal de los bienes», dignidad de la persona, justicia social, subsidiariedad y opción preferencial por los pobres; sin olvidar la ecología integral.

En su aportación, COMECE recomienda «definir claramente los criterios para pertenecer a la economía social». Lasida cita, por ejemplo, el caso francés, donde además de lo relacionado con la reinversión de los beneficios, hay políticas salariales con unos límites muy claros en la diferencia máxima que puede haber entre el salario más alto y más bajo en una empresa.

Mejoras de financiación y fiscales

Sería necesario, continúa el documento, «mejorar el acceso a los fondos europeos, a la financiación pública y a la inversión privada», así como «promover un marco fiscal» favorable. Por último, invita a «la integración de la economía social dentro de las estrategias industriales de cada Estado miembro de la UE». Lasida también considera importante, una vez identificadas y acreditadas adecuadamente las empresas sociales, evaluar su impacto no solo cuantitativo sino cualitativo. Es decir, «identificar con quienes trabajan en ella el valor social que generan» más allá de las necesidades que satisfacen; por ejemplo, en «riqueza relacional».

Pero tanto Pedreño, muy implicado en la promoción del plan de acción europeo porque también preside Social Economy Europe, como Lasida van más allá. Ambos comparten el objetivo de que, además de ofrecer un marco común a las empresas sociales en toda la Unión y de obligar a los estados a tomar medidas concretas, el plan «permita transformar el ecosistema económico general para que sea más solidario y atento a las necesidades de todos los seres vivientes», apunta ella. Esto «no pasa necesariamente por que todas las empresas se vuelvan sociales», pero sí por que se genere un ambiente adecuado y estas crezcan lo suficiente para generar un contagio en las empresas tradicionales. Por ejemplo, concreta Pedreño, si se cumple el objetivo de llegar a 22 millones de empleos, «nos permitiría influir mucho más en las políticas públicas».