La Iglesia en Colombia cierra filas en torno a un obispo amenazado

No es fácil superar el miedo que se vive desde diciembre en Buenaventura (Colombia). La escisión de la banda criminal La Local en dos grupos, Los Espartanos y Los Shottas, ha desencadenado una oleada de homicidios en el marco de una guerra por el control de los negocios ilegales en esta zona de la región del Pacífico. Los habitantes están aterrorizados. Sin embargo, hace unos días una persona acudió a un sacerdote. Asumiendo un gran riesgo, le confesó que alguien le había ofrecido dinero para matar al obispo.

No es la única noticia que le ha llegado a Rubén Darío Jaramillo Montoya sobre el peligro que le acecha. «He venido recibiendo amenazas por parte de algunas personas que dicen que son poderosos en el distrito, y que les incomodan las declaraciones del obispo», relató el martes ante los medios. Le reprochan, entre otras cosas, haber organizado y participado el 10 de febrero en una cadena humana de rechazo a la actividad de las bandas criminales.

A raíz de las amenazas, el Gobierno colombiano se ha comprometido a reforzar la seguridad del obispo. Además, todo el episcopado del país ha cerrado filas en torno a él. Buenaventura acogió, hasta el jueves, un encuentro de los obispos del Pacífico y Suroccidente. En el comunicado final, subrayaban su «solidaridad, cercanía, afecto y apoyo» con Jaramillo por los mensajes recibidos por él «y otros servidores de la comunidad». También la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) exigía el mismo día «respeto por sus vidas y su integridad» y apoyaba «el camino de construcción de paz que ha emprendido la diócesis», que «no tienen otra finalidad que garantizar la dignidad de cada persona que habita en el territorio».

La punta del iceberg

La situación de Buenaventura, sin embargo, es solo la punta del iceberg. Toda la región Pacífico está viviendo «una crisis humanitaria profunda por las amenazas, desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y todo tipo de atrocidades que condenamos enérgicamente», continuaba el comunicado de la CEC. En su origen, explicaban los pastores locales, están realidades «cada vez más crecientes, tales como el narcotráfico, el incremento de grupos armados, la corrupción y la extorsión», entre otros. La CEC mencionaba además «los alarmantes niveles de pobreza extrema» y «la ausencia en muchas partes de este territorio de servicios del Estado».

Estas regiones apartadas, como los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, sufren la peor ola de violencia desde que se firmó la paz en 2016 con la entonces guerrilla de las FARC. Por su ubicación estratégica, esta zona produce la mayor cantidad de hoja de coca en el país, con 57.897 hectáreas sembradas, según el último informe de la ONU en 2019.

Las guerras de la coca

La retirada de las FARC no estuvo acompañada del fortalecimiento de la presencia del Estado, lo que ha permitido a disidentes de esta guerra, rebeldes del ELN y bandas paramilitares de narcotraficantes disputarse las rutas de exportación de la cocaína, así como la minería ilegal y las redes de extorsión. Como consecuencia de estos conflictos, informó en rueda de prensa Óscar Múnera, obispo de Tierradentro (Cauca), han sido asesinados más de 70 sacerdotes y religiosas.

«Sin duda el territorio ha sido convertido en un escenario de terror», lamentaban los obispos de la CEC. «Esta escalada de abusos» merece «el rechazo total» de toda la sociedad colombiana y «clama por soluciones duraderas». Por su parte, los pastores más afectados han afirmado que«no nos resignamos a aceptar estas situaciones». Al contrario, reafirmaron su compromiso para seguir acompañando a estos pueblos. Y exhortaron a los gobernantes y a las comunidades a que se unan a trabajar en la búsqueda de «soluciones integrales a corto y mediano plazo que hagan posible la transformación real de esta triste y angustiante realidad».