La Iglesia en Brasil pide que los autores del asalto a las instituciones rindan cuentas

La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) llamó este domingo a «la serenidad, la paz y el cese inmediato de los ataques criminales contra el Estado democrático de derecho». Cientos de seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema. A través de su cuenta de Twitter, el episcopado afirmaba que «estos ataques deben ser contenidos de inmediato y sus organizadores y participantes deben rendir cuentas con todo el peso de la ley».

Así ocurrió unas horas después, cuando agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes golpistas con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes. Según la Policía Civil de Brasilia, hasta el momento hay al menos 300 detenidos, informa EFE. «Hay que proteger a los ciudadanos y la democracia», concluía el pronunciamiento de los obispos.

A título individual Odilo Scherer, arzobispo de São Paulo, también a través de Twitter, calificaba de «inaceptable» lo ocurrido. «Esto no tiene cabida en la convivencia democrática. Es necesario calmar los ánimos. Si quieres que te respeten, tienes que respetar».

Intervención federal

Los hechos, condenados de forma unánime por la comunidad internacional, ocurrieron exactamente una semana después de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia de Brasil. Fueron alrededor de cuatro horas y media, durante las cuales los manifestantes bolsonaristas camparon con libertad por esas instalaciones, generando destrozos en el interior, mientras otras decenas rodeaban los edificios, algunos de ellos equipados con palos.

Ante los graves altercados, Lula, quien se encontraba de viaje en el interior de São Paulo para conocer los daños de las fuertes lluvias de los últimos días, decretó la intervención federal en el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia. La medida, que estará vigente hasta el próximo 31 de enero, implica que las fuerzas de seguridad de Brasilia estarán bajo control directo del Gobierno federal.

El dirigente progresista también prometió en un pronunciamiento encontrar y castigar a los «vándalos fascistas» que «destrozaron todo lo que encontraron a su paso» en Brasilia e identificar a los posibles «financiadores» de esos actos antidemocráticos. Poco antes del anuncio de Lula, el secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, fue destituido de su cargo. El Gobierno de Lula, a través de la Abogacía General del Estado, solicitó además al Supremo su ingreso en prisión.

Similitud con 2021

El episodio vivido este domingo en Brasilia recuerda a la invasión del Capitolio de Estados Unidos, ocurrida el 6 de enero de 2021, por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, quien guarda una relación de amistad con Bolsonaro. El exmandatario brasileño se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde viajó dos días antes de la investidura de Lula sin billete de vuelta.

En Twitter, se desmarcó del asalto y reprobó las acciones de sus seguidores. Pero también criticó las acusaciones «sin pruebas» de Lula, quien le acusó de haber «estimulado» los actos de este domingo.