La Iglesia brasileña condena el asesinato de un periodista y un activista en la Amazonía
Las autoridades han confirmado que los cuerpos hallados pertenecen a Dom Phillips y a Bruno Araújo Pereira que desaparecieron en el Valle del Javari cuando investigaban la explotación ilegal
La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), la Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB) y el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) han emitido distintos mensajes de indignación y repulsa por el asesinato de ambos profesionales, desaparecidos el 5 de junio tras una incursión en el Valle del Javari. Sus cuerpos fueron hallados sin vida el pasado día 13 de junio, sin embargo, se ha requerido un examen forense para determinar que los restos hallados pertenecían al periodista y al activista. Este viernes se confirmó que los cadáveres corresponden a Dom Phillips y a Bruno Araújo Pereira. Dos hombres confesaron haberlos secuestrado, haberlos asesinado y haber intentado deshacerse de los cuerpos. Al ser detenidos, confesaron dónde habían enterrado los cadáveres.
Dom Phillips y Bruno Araújo Pereira estaban realizando entrevistas a los indígenas de la zona para un libro sobre las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas, cada vez más acechados por grupos criminales que quieren explotar ilegalmente los recursos de la selva como la madera o los minerales. Invaden cada vez más tierras expulsando con violencia a los pueblos indígenas.
Según el episcopado brasileño, «estas muertes forman parte de la lista de dramas vividos en la región amazónica». Los prelados citan al Papa Francisco y su exhortación Querida Amazonía para explicar que «los intereses colonizadores que, legal e ilegalmente, han provocado –y siguen provocando– el aumento de la tala y la minería, y que han expulsado y arrinconado a los pueblos indígenas, ribereños y afrodescendientes, provocan un clamor que clama al cielo». Los obispos de Brasil en su comunicado aseguran también que no se puede aceptar «la agresión a los seres humanos, la falta de respeto al medio ambiente y a nuestra Casa Común, ni el encubrimiento de la verdad y la justicia».
En similares términos se expresa la Red Eclesial Panamazónica (REPAM-Brasil) que, en una nota, pide «encarecidamente a las autoridades que pongan fin a la ilegalidad y a la explotación de la naturaleza en la Amazonía, lo que ha provocado constantes muertes». El comunicado, firmado por sus presidencia, –Evaristo Spengler, Pedro Brito Guimarães y José Ionilton Lisboa de Oliveira–, recuerda que este asesinato es una muestra de «la realidad de inseguridad y amenazas en la que viven las personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios y que están comprometidas con el cuidado y la preservación del bioma amazónico». Asimismo, la REPAM expresa su preocupación por el agravamiento de la situación y su indignación por «las constantes amenazas y asesinatos de líderes indígenas y ribereños, así como la violación de los derechos fundamentales de las personas de buena voluntad, que se han puesto al servicio de la vida humana y del medio ambiente».
Por su parte, el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), hace patente su «inmensa tristeza y profunda indignación», ante el asesinato, y expresan «su solidaridad con las familias y amigos de Bruno y Dom». En ellos reconocen su «convicción en la defensa de la vida y los derechos de los pueblos indígenas».
El CIMI exige que se investigue el caso hasta encontrar al responsable último. Desde el Consejo Indigenista Misionero insisten en que en el Valle del Javari se vive «una situación permanente de acoso, violencia e inseguridad» favorecida por «la inacción sistemática del gobierno brasileño y su política anti indígena que estimula y empodera a los invasores de tierras indígenas para actuar libremente, alentados por la certeza de la impunidad, haciendo que el ambiente sea cada vez más peligroso para los pueblos indígenas, sus líderes y sus aliados».
La Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari (UNIJAVA) también se ha sumado a las muestras de repulsa y condena y, como el CIMI, este organismo también denuncia la dejadez que las autoridades brasileñas han hecho de la seguridad del Valle del Javari, una zona de la Amazonía brasileña donde hay numerosos pueblos no contactados y aislados que se baten prácticamente solos contra las amenazas extractivistas y el tráfico de drogas y de seres humanos. Aseguran que ya en 2021 habían advertido a la policía federal de la presencia de un grupo criminal organizado que estaba operando en el Valle. «La crueldad del crimen deja en claro que Pereira y Phillips se cruzaron con una poderosa organización criminal que trató a toda costa de cubrir sus huellas durante la investigación», expresa en un comunicado este grupo de indígenas que participaron activamente en la búsqueda de Araújo y Phillips y que revelan que la pareja fue amenazada de muerte antes de emprender su viaje por el Valle.