La Iglesia asume el riesgo

La Santa Sede apoya el diálogo de la Iglesia en Cuba con el régimen castrista, y se felicita por el anuncio de la progresiva liberación, en los próximos 4 meses, de 52 presos políticos, así como por la interrupción de la huelga de hambre de 135 días del periodista Guillermo Fariñas. «Son señales significativas», escribe el director de la Oficina de Información de la Santa Sede, el padre Lombardi, en un editorial del semanario Octava Díes, del Centro Televisivo Vaticano. El portavoz apoya las gestiones del cardenal Jaime Ortega, arzobispo de la Habana, y del Presidente del Episcopado, monseñor Dionisio García, y resalta que, «desde el Viaje de Juan Pablo II hasta las recientes visitas del Secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, y del arzobispo Dominique Mamberti [Secretario para las Relaciones con los Estados], la Santa Sede se ha declarado siempre en contra del embargo, y, por tanto, solidaria con los sufrimientos del pueblo y dispuesta a apoyar toda perspectiva del diálogo constructivo».

Al aceptar la mediación, la Iglesia sabe que el Gobierno va a intentar instrumentalizarla. El régimen necesita que lleguen divisas, para frenar el deterioro económico, y quiere evitar otra muerte de un disidente en huelga de hambre. Orlando Zapata murió en prisión, el 23 de febrero, tras lo cual, las Damas de Blanco, esposas de presos políticos, arreciaron sus protestas pacíficas, asediadas por partidarios del régimen. El Presidente Raúl Castro buscó la mediación de la Iglesia, sellada en la reunión del 19 de mayo con el cardenal Ortega y monseñor García, para abordar la cuestión de las excarcelaciones. Y tras varios gestos en las semanas previas, el anuncio de la liberación de algunos presos políticos se produjo la semana pasada, en plena visita del ministro de Asuntos Exteriores de España, don Miguel Ángel Moratinos. «Esperábamos liberaciones -dijo el cardenal Ortega-, pero fue un poco interesante y quizá sorprendente que estando aquí el canciller Moratinos se hiciera público».

El precio político

No menos sorprendente fue el modo en que el Gobierno anunció la noticia: publicó, sin más, en el diario oficial del Partido Comunita, Granma, y en otros medios oficiales, el comunicado del Arzobispado de la Habana.

Con esos gestos, el Gobierno deja claro que espera contrapartidas. Algunos disidentes han expresado su temor de que, si éstas no llegan, habrá nuevas detenciones. Por lo demás, los presos políticos no han sido liberados, sino que se les ha permitido salir del país con sus familias, con el compromiso, eso sí, de que sus bienes no serán confiscados.

Para que el trato fuera posible, ha sido necesaria la intervención del ministro Moratinos. Durante la Presidencia europea, el Gobierno español intentó que la UE pusiera fin a la Posición Común, adoptada en 1996, por iniciativa de don José María Aznar. La Posición Común no es comparable al embargo estadounidense, ya que se trata sobre todo de medidas de tipo político, para promover la transición hacia la democracia, exigir la liberación de los presos políticos y fortalecer a la oposición democrática.

Moratinos no consiguió su objetivo en junio, cuando debía debatirse la cuestión en la UE, pero logró una prórroga hasta septiembre. Tras el anuncio de la liberación de más de 50 presos, declaró: «Ya no hay ninguna razón para mantener la Posición Común… Esto era lo que mis colegas me pidieron. Espero que ahora respondan al compromiso».