La Iglesia advierte del peligro de corrupción en las ayudas post COVID-19

La Iglesia se ha sumado a las voces de alarma que alertan del riesgo de que las ayudas económicas para la recuperación de la pandemia sirvan para alimentar más la corrupción en diversos países. «Hay razones para preocuparse por que la vasta cantidad de fondos liberados para la recuperación de la pandemia de COVID-19 ya haya atraído a actividades criminales», afirmó el jueves monseñor Charles Balvo, nuncio en la República Checa y responsable de la delegación vaticana para el 28º Foro Económico y Ambiental de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que concluye este viernes en Praga.

Además de para qué se puedan llegar a utilizar los fondos desviados, añadió monseñor Balvo, resulta preocupante que «aquellos más necesitados de apoyo económico se quedarán sin la ayuda que urgentemente necesitan».

Durante las últimas semanas, diversos países africanos, especialmente Kenia y Sudáfrica, han sido testigos de manifestaciones en protesta por casos de corrupción vinculada a las ayudas frente al coronavirus. El detonante en Kenia, por ejemplo, fue el robo de suministros donados por valor de millones de dólares, que llamó la atención de la agencia anticorrupción del país. En Sudáfrica, los trabajadores sanitarios se echaron a la calle para protestar por la gestión ilegal de concursos públicos convocados para la compra de equipos de protección.

Sobornos para la compra de productos defectuosos

En mayo, la OCDE publicó un informe con medidas para evitar la corrupción vinculada a la respuesta a la pandemia. Denunciaba, por ejemplo, que ya se habían detectado casos de sobornos para inclinar a favor de algunas empresas la compra e importación de equipamiento médico por procedimientos de emergencia. En relación con eso, se habían dado casos de que los productos que habían llegado a los países estaban por debajo de los estándares de calidad.

Alertaba asimismo de que podían llegar a venderse productos falsos, lo que pondría más vidas en peligro y supondría un coste de miles de millones de euros. También Transparencia Internacional ha advertido de que a 20 de los 84 países que han recibido ayudas frente al COVID o medidas de alivio de su deuda externa del Fondo Monetario Internacional no se les ha exigido a cambio ninguna medida anticorrupción.

Sin embargo, junto a su advertencia, monseñor Balvo apuntó a que la pandemia también ofrece una oportunidad de «buscar soluciones nuevas e innovadoras que no dividan, estén politizadas o sean parciales, sino que verdaderamente busquen el bien común y el desarrollo humano integral para todos».

«Peligro real para la paz»

Hablando más en general sobre el tema de la corrupción, el líder de la delegación vaticana animó a «reconocer que la corrupción se da en diversos grados en cada uno de los estados» de la organización. «Cuando los funcionarios públicos roban o se apropian inadecuadamente de fondos públicos, afecta a toda la comunidad a la que sirven», explicó. Y ello supone «un peligro real para la paz y la seguridad».

Si se quiere acabar con esta lacra, continuó, debe reconocerse la necesidad de medidas para una buena gobernanza. «El progreso económico sólido y duradero y la seguridad quedan socavados (si no completamente frustrados) sin una buena gobernanza pública y corporativa, sin transparencia y rendición de cuentas», enumeró el nuncio en la República Checa.

«Las leyes no son suficientes»

También recordó que «antes de ser un acto, la corrupción es una condición», como dijo en 2018 el Grupo de Consulta Internacional sobre Justicia, Corrupción, Crimen Organizado y Mafias del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Por ello, «las leyes no son suficientes». Es necesario trabajar la cultura, la educación, la acción institucional y la participación ciudadana, de forma que se pase de la indiferencia a la toma de conciencia sobre «la gravedad de estos fenómenos» y a combatirlos.

Durante su intervención en la cumbre, monseñor Balvo presentó las últimas medidas tomadas por la Santa Sede para favorecer la transparencia. En particular, se refirió a la reforma de la ley de las contrataciones públicas de la Santa Sede, aprobada por el Papa Francisco mediante un motu proprio el 1 de junio.

Detrás del cambio normativo estaba la esperanza, expresada por él mismo, de que «reduzca considerablemente el peligro de corrupción de los llamados a gobernar y gestionar» las instituciones vaticanas. Dado que esta labor afecta a los intereses de toda una comunidad, que «van mucho más allá de los de los individuos», en ella «se siente con mucha más urgencia la necesidad de una administración fiel y honrada».