«La guerra es un problema, pero la gestación subrogada es otro»

En 2020, en una empresa de vientres de alquiler en Ucrania se acumularon un centenar de bebés. Los matrimonios que los habían encargado no podían recogerlos por la pandemia. La imagen llevó al comisario para los Derechos del Niño del presidente ucraniano, Mykola Kuleba, a pedir que se reabriera el debate sobre esta práctica y a proponer «cerrar este mercado a las parejas extranjeras». Aunque no hay cifras oficiales, se estima que los no ucranianos están detrás del 80 % de los contratos que se firman cada año en el país.

Casi dos años después «no se ha visto ningún intento de cerrar la gestación subrogada a extranjeros; al contrario», aseguran Mariya Yarema e Inna Mamchyn, de la Escuela de Bioética de la Universidad Católica Ucraniana. Kuleba fue depuesto en junio de 2021, y a finales de año se introdujo en la Rada, el Parlamento ucraniano, un nuevo proyecto de ley que «proponía ampliarla». Poco después se frenó.

Su tramitación se vio interrumpida por la invasión rusa. Y, en pocas horas, las asociaciones que representan a los padres comitentes comenzaron a aparecer en los medios. Como ocurrió en 2020, exigían que las instituciones españolas tomaran medidas extraordinarias para solucionar los problemas intrínsecos a esta práctica, en la que una mujer gesta y da a luz a un bebé concebido por reproducción asistida para una pareja que está a miles de kilómetros y que tiene que viajar para recogerlo y traerlo de vuelta a su país. Todo ello, a pesar de que según la legislación española los contratos son nulos.

Exigían que se les «presuma como españoles», a pesar de que en 2019 el Gobierno ordenó al registro consular de Kiev no reconocer a estos niños e inscribir su paternidad y maternidad. El PDeCAT ha aprovechado, además, para proponer que se derogue dicha prohibición. Poco después, se supo que al menos una pareja había salido de Ucrania con su bebé en un convoy organizado por la embajada española en Kiev. Atrás, en una ciudad que en los días siguientes sufriría crecientes ataques, quedaba la mujer que durante nueve meses lo llevó en su seno.

«Sufrimos y tememos por las gestantes que coengendran a nuestros hijos y por sus familias. Pedimos a España y Europa que estén con el pueblo de Ucrania en la defensa de su vida y derechos humanos», afirmaba en sus redes la asociación APINGU.

Filiación por parto

Sin embargo, para algunas de estas mujeres la guerra no es un fenómeno nuevo. En mayo de 2017, cuando en Madrid se acogió la feria de vientres de alquiler Surrofair, representantes de la clínica de reproducción asistida ucraniana Ilaya reconocieron a este semanario que «algunas de nuestras gestantes vienen de allí», refiriéndose a las regiones de Donetsk y Lugansk, de donde habían huido después de 2014 por la guerra. «Mujeres desplazadas han visto en la gestación subrogada una fuente de ingresos», confirman Yarema y Mamchyn, aunque añaden que «no todas, ni siquiera la mayoría, son realmente pobres».

La preocupación actual por la seguridad de los bebés no nacidos y de las gestantes plantea, además, otra cuestión: la posibilidad de evacuarlas del país para ponerlas a salvo. Una opción no exenta de complicaciones legales. Según explica la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICADE, Salomé Adroher, en la mayoría de países la filiación la determina el parto. Esto implica que «si esas mujeres dan a luz por ejemplo en Polonia o en España, el niño es hijo suyo». Y, además, el contrato de subrogación se considerará nulo.

«La guerra es un problema moral enorme, pero la gestación subrogada es otro», reflexionan las investigadoras de la Escuela de Bioética de la Universidad Católica Ucraniana. «Uno relacionado con la brutal invasión externa de Rusia bajo apariencia de bien», y el otro con «la invasión del mal en la moral social, también bajo apariencia de bien».