Gestación subrogada en Ucrania: «Los políticos piensan en los ingresos por el turismo médico»

El caso del centenar de bebés sin recoger durante la pandemia ha llevado al defensor de los Derechos del Niño a pedir que se cierre la maternidad subrogada para extranjeros. Pero una experta en bioética de la Universidad Católica Ucraniana no cree que se logre

María Martínez López
Ceremonia de entrega de bebés en el hotel Venice de Kiev, el pasado 10 de junio. Foto: Reuters / Gleb Garanich

Las imágenes de decenas de cunitas en una sala saltó a medios de todo el mundo a mediados de mayo. En ellas estaban un centenar de bebés nacidos en Ucrania por gestación subrogada a través de una única empresa (BioTexCom), que esperaban desde hacía semanas a ser recogidos por quienes los habían encargado. No hay datos de cuántos más se han visto en una situación similar. Mes y medio más tarde, muchos de los protagonistas de la foto ya han sido entregados, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores otorgara un permiso especial a los padres comitentes para entrar en el país y, después de pasar la cuarentena, hacerse cargo de los pequeños.

Detrás de esta nueva foto, presentada como una buena noticia, el arzobispo mayor de la Iglesia grecocatólica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, sigue viendo a «bebés tratados como objetos de tráfico de personas». En declaraciones a Rome Reports, denunciaba al tiempo la «relación de esclavitud» que se establece con las gestantes. Para Mariya Yarema, de la Escuela de Bioética de la Universidad Católica Ucraniana, lo ocurrido con estos niños saca a la luz la realidad de los vientres de alquiler: «Los bebés son privados de amor real». No por haber tardado unas semanas en ser abrazados, aclara a Alfa y Omega. Sino porque «han sido buscados no como un fin, sino como un medio para hacer felices a sus padres».

A raíz de estos hechos el defensor los Derechos de los Niños, Mykola Kuleba, ha pedido «cerrar este mercado a las parejas extranjeras», que según él están detrás de cerca del 80 % de los 500 contratos de subrogación que se estima (no hay estadísticas oficiales) que se firman cada año en el país. Pedía también abrir el debate sobre la subrogación doméstica.

«No escandaliza»

Pero Yarema es pesimista. Aunque la noticia ha dado a conocer la realidad de esta práctica a muchos ucranianos, no cree que vaya a crecer el rechazo social. A muchos jóvenes y adultos, de ideas liberales, «esto no les escandaliza. No diría que la sociedad lo apoya, pero tampoco lo rechaza».

En cuanto a la clase política, está convencida de que «lo que les preocupa son los ingresos económicos para el país por este turismo médico». Así lo experimentó en primera persona en 2016, cuando participó en un debate parlamentario sobre esta cuestión en el marco del proceso de integración en la Unión Europea. Ella, invitada por un parlamentario cristiano, era la única voz contraria a esta práctica. No le preguntaron ni quisieron escuchar sus aportaciones, recuerda. «Todos los que intervinieron estaban convencidos de que era deseable» seguir atrayendo a parejas extranjeras para convertirse en un «centro mundial» de la maternidad subrogada. «Se notaba que la principal razón de este deseo era económica».

Ucrania no admite los vientres de alquiler para parejas homosexuales ni personas solas, pero resulta un país muy atractivo para los matrimonios con problemas de fertilidad. El precio (45.000 euros un procedimiento estándar y 60.000 con resultado garantizado) supone aproximadamente la mitad de precio en comparación con una agencia en Estados Unidos. Y, según el Código de Derecho de Familia, los esposos que transfieren un embrión a una segunda mujer son los padres desde el principio. Por lo demás, la abogada y eticista Inna Mamchyn explica que «no existe una ley que regule las relaciones» entre padres y gestante. Las condiciones (derechos y obligaciones, penalizaciones para la gestante y método de entrega) se establecen de forma independiente en el contrato.


La letra pequeña

Para el defensor de los Derechos de los Niños en Ucrania, Mykola Kuleba, el caso de los bebés sin entregar durante la pandemia es uno más de una serie de escándalos (sobre todo relacionados con el rechazo a niños con discapacidad) que revela cómo la subrogación se ha convertido en «un negocio incontrolable» que busca «satisfacer los intereses del consumidor, que en esencia compra un bien muy caro: un niño». En un post de Facebook respondiendo a quienes criticaban sus primeras palabras de denuncia, Kuleba desglosaba algunas cláusulas de un contrato tipo, firmado en 2015:

* La gestante «tiene que informar de cualquier paso que dé, estar dispuesta a conocer a los padres comitentes, no puede nadar o usar el transporte público».

* «Está obligada a entregar el bebé justo después del parto. Si los padres lo rechazan, tiene que darlo a una institución estatal». Se le niega toda información sobre los padres genéticos y se le prohíbe buscar al niño en el futuro.

* «Si al exigir los padres la interrupción del embarazo» por la detección en el feto de enfermedades congénitas, malformaciones, falta de peso o crecimiento inadecuado «se niega, devolverá todo el dinero invertido en ella».

* La gestante acepta «no cuidar a sus propios hijos si estos tienen una enfermedad infecciosa», y mudarse a Kiev en el séptimo mes de embarazo.

Con condiciones como esta, Kuleba concluía que «no es una oportunidad para las parejas sin hijos. Es ganar dinero traficando con niños».