La Fiscalía pide investigar a los encubridores de abusos sexuales en la Iglesia

La Fiscalía General del Estado acaba de publicar su memoria anual, en la que se recoge la actividad del Ministerio Fiscal correspondiente al último año judicial, así como la evolución de la criminalidad y la prevención del delito.

En el apartado «Coordinación en los casos de abusos y agresiones sexuales a menores cometidos en el ámbito de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa», la Fiscalía quiere «ofrecer una respuesta a las víctimas de una realidad criminal de incuestionable gravedad, como son los abusos y agresiones sexuales a menores cometidos en contextos religiosos».

Después de analizar toda la documentación remitida por las fiscalías territoriales, correspondiente a la memoria del año 2023, la Fiscalía General manifiesta la «necesidad de revisar la posible solicitud de responsabilidad civil subsidiaria de la institución religiosa donde han tenido lugar los hechos constitutivos de delitos contra la libertad sexual a menores» y pide «la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las instituciones religiosas que han podido llevarse a cabo previamente a la denuncia».

El texto añade que es necesaria «la inhabilitación profesional del acusado para llevar a cabo toda actividad que esté relacionada con menores de edad» y solicita «la determinación concreta de la indemnización en concepto de responsabilidad civil a que tiene derecho la víctima, que ha de integrar los daños morales y las lesiones psíquicas».

«Dada la singularidad de la relación que en estos casos ostenta el acusado con la víctima, es necesario que se recoja de forma clara y precisa en el relato de hechos de los escritos de acusación la relación de superioridad espiritual de la que se vale el autor para llevar a cabo su contacto sexual con aquella», requiere también la Fiscalía General.

Asimismo, recuerda en esta memoria que el 17 de junio de 2022 tuvo entrada de «un escrito presentado en nombre de la Conferencia Episcopal Española, mediante el que se daba traslado a la Fiscalía General de documentación consistente en dos informes realizados por el periódico El País sobre los casos de abusos sexuales de menores en la Iglesia española, que recogen el resultado de la investigación llevada a cabo por el periódico durante más de tres años sobre la pederastia en la Iglesia española».

«Un primer análisis del contenido de la documentación presentada [por la Conferencia Episcopal Española] puso de manifiesto la dificultad de dar cuenta de los procedimientos judiciales», explica la Fiscalía, «al no quedar registrados como tales en las aplicaciones de gestión procesal, dado que no contemplan mención alguna a la profesión del sujeto activo». Por ello, añaden, «se insistió en la necesidad de hacer el mayor esfuerzo posible para recopilar todos los datos de los que se pudiera disponer con relación a estas causas y se interesó de los/as fiscales superiores la remisión trimestral de información sobre tales procedimientos».

En un primer análisis de los datos remitidos por las fiscalías territoriales, la Fiscalía General reconoce que se dispone de datos muy parciales por dos motivos: «La dificultad de detectar estos procedimientos al no constar registro específico para estos supuestos en las aplicaciones de gestión procesal de los órganos judiciales» y el «acotado espacio temporal al que pertenece la documentación remitida, puesto que la mayor parte de los testimonios se refieren a procedimientos que tuvieron su origen en el año 2021 y 2022, y solo puntualmente se remitieron de años anteriores».

En el informe también se ofrecen datos sobre las diligencias realizadas: un 44 % se incoaron en 2022, un 26 % en 2021 y el 30 % restante en años anteriores. También de las 20 sentencias remitidas de procedimientos judiciales finalizados: «Son condenatorias 19 de ellas, dos con conformidad del acusado y una fue revocada en apelación». «Hay un 95 % de condenas —18— frente al 5 % de absoluciones», informa la Memoria 2023.

Los asuntos archivados también aparecen en el seguimiento fiscal: el 32 % fue archivado al haberse extinguido la responsabilidad penal por prescripción; el 5 % fue archivado por la Fiscalía al haberse extinguido la responsabilidad penal por fallecimiento del autor y el 29 % fue archivado por no resultar acreditados los hechos.

También ofrecen un dato importante: «Se observa que su puesta en conocimiento no se realiza únicamente en las fiscalías territoriales o en los juzgados, sino también en las oficinas de asistencia a la víctima de las diócesis españolas».

Finaliza el apartado de la memoria de la Fiscalía recordando que la comisión de expertos creada se ha reunido en cuatro ocasiones en el año 2022, «con el objetivo de elaborar un informe que se extienda a determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas y planificar políticas de prevención y atención a las víctimas».