La Fiscalía archiva la investigación sobre la tragedia de Melilla

La fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha emitido este viernes un decreto por el que archiva las diligencias de investigación que mantenía vivas sobre los acontecimientos ocurridos en la frontera de Melilla del pasado 24 de junio, en los que murieron 23 personas. Indica que no aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, informa Europa Press.

No obstante, da traslado al director adjunto operativo de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes que trataban de entrar en España por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria.

El decreto de la fiscal, de 36 páginas, arranca recordando que su trabajo buscaba esclarecer los hechos «consistentes en un intento de entrada irregular de migrantes de procedencia subsahariana, mediante el salto masivo y violento de la valla fronteriza que separa Melilla de Marruecos, en cuyo transcurso resultaron fallecidas 23 personas».

Tras recordar todas las diligencias practicadas, incluida una visita a la zona de la tragedia, en la puerta del Barrio Chino, Sánchez entra a valorar en los fundamentos jurídicos si los agentes españoles podían haber incurrido en un delito de homicidio imprudente.

En este sentido, asevera que, de lo investigado, los agentes de la Guardia Civil intervinientes que se encontraban en el ejercicio de sus funciones no pudieron «evitar el resultado lesivo» porque «no eran conscientes, ni podían serlo, del riesgo que se estaba generando en el interior del patio».

«Difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió. Ninguno de ellos se encontraba en el lugar donde se produjo la avalancha, no pudieron prever con anterioridad que la misma iba a producirse en los términos en los que finalmente resultó, al no tener visibilidad de la zona ni haber sido informados de los hechos que se estaban produciendo», subraya.

La fiscal también se refiere a los guardias civiles que componían el equipo del helicóptero para explicar que estos no avisaron a los operativos de tierra «al no percatarse del riesgo que suponía la aglomeración de personas». Señala que aunque lo hubieran hecho, esa acción «tampoco habrían podido evitar que el embotellamiento y los fallecimientos se produjeran, máxime atendiendo al elevado número de personas que pretendían acceder a España violentando la frontera».

Al hilo, la fiscal recuerda que no se puede obviar «el estrés» del momento, y que los acontecimientos que desencadenaron la tragedia se produjeron con rapidez. Añade que era algo imprevisto y que los agentes trataban de evitar la entrada de un millar de migrantes «por un lugar inusual, puesto que nunca antes se habían producido saltos por un paso fronterizo».

Por otro lado, afirma que del visionado de las imágenes no puede concluirse que la actuación de los agentes incrementara el riesgo para el bien jurídicamente protegido, en este caso la vida y la integridad física de los migrantes. Y que de haber previsto que pudiera acontecer el salto masivo, «difícilmente podrían haber realizado alguna acción que lo hubiera impedido».

De hecho, asevera la fiscal que en caso de que hubieran optado por abrir las puertas para que los migrantes tuvieran una salida, se habría producido un embudo que «habría puesto en peligro la integridad física y la vida de los agentes, que podrían haberse visto arrollados por la propia avalancha».

No hubo omisión del deber de socorro

Sobre la posibilidad de que los agentes hubieran incurrido en un delito de omisión del deber de socorro, la fiscal señala que no tenían conocimiento de la avalancha «por lo que en ningún momento pudieron representarse la posibilidad de que hubiera personas en situación de riesgo que requirieran de su auxilio».

Tampoco ve delito en la tripulación del helicóptero porque no fueron consciente de la situación de «colapso» por lo que no dieron la voz de alarma a los agentes de tierra. «Aunque vieron el tumulto, la situación de crisis en la zona, el estrés y la deficiencia en la calidad de las imágenes que recibían hicieron que no se percataran de la gravedad de los hechos. Además, en los momentos posteriores a la avalancha, al dejar de enfocar la zona (…), no apreciaron ni pudieron apreciar la existencia de heridos y fallecidos», añade.

Y suma a esto que, aunque hubieran tenido conocimiento de la gravedad de los hechos, «no les hubieran podido prestar auxilio sin riesgo propio, pues para entrar hasta el lugar donde había tenido lugar el tumulto debían realizar un recorrido relativamente importante a lo largo del cual se hallaban numerosos migrantes lanzando objetos contundentes».

La fiscal evalúa también en su decreto si la respuesta de los agentes al salto fue proporcionado, y recuerda que, según informes de la Guardia Civil, estos emplearon sus defensas y otros elementos antidisturbios y de control de masas homologados, como salvas, artefactos fumígenos, lacrimógenos o bolas de goma

Y concluye que salvo los agentes que arrojaron piedras, «los componentes del operativo mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo».

Rechazos en frontera

En cuanto a los rechazos en frontera, la fiscal recuerda que se llevaron a cabo 470 y que los agentes de la Guardia Civil lo hicieron «en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y con base en las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española».

En su decreto de archivo, la fiscal recuerda que ha practicado varias diligencias como la inspección ocular, la toma de declaración tanto a personas migrantes como a agentes, el análisis de diversos informes, material videográfico y audios. Y añade que los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Así, destaca que son las autoridades marroquíes las que disponen de todos los elementos probatorios —cuerpos de los fallecidos, testigos, migrantes heridos…—, y que de sus indagaciones ha podido constatar que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, «fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles».

Protección internacional

A pesar de cerrar la investigación, la fiscal avisa a los ministerios implicados de su obligación de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.

«A fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido», añade, para matizar, que la mayoría de las personas migrantes proceden de países en conflicto y, por tanto, son merecedoras de protección internacional.