La Eurocámara aprueba la creación de centros de retorno en terceros países

El Parlamento Europeo (PE) votó este jueves a favor del Reglamento de Retorno que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados. También se podrá agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.

Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados aprobaron la creación de esta nueva normativa, informa EFE. Después de un año de tramitación, su principal novedad gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a los llamados «centros de retorno» en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución. 

Se sigue así el polémico modelo impulsado por Italia, país que sufre una gran presión migratoria desde el Mediterráneo. En 2024 construyó centros de retorno en Albania para enviar a migrantes que en la actualidad están inutilizados por diversas decisiones judiciales.

En estos centros, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.

¿Qué otras medidas incluye el Reglamento de Retorno?

Además, se exige a los migrantes «cooperar activamente» en su proceso de retorno. Si estos no lo hicieran, se podrán imponer sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo, hasta sanciones penales que incluyen el encarcelamiento.

También se permite la detención de migrantes basándose en su riesgo de fuga y otros motivos de seguridad, con un período de internamiento que puede durar hasta un máximo de doce meses, con la posibilidad de prorrogarlo durante otros doce meses si hubiera falta de cooperación o retrasos en la tramitación de la documentación.

Para migrantes considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional, se prevé una expulsión prioritaria. Podrán ser recluidos en prisiones —separados de presos comunes— y enfrentarse a prohibiciones de entrada indefinidas.

A la hora de apelar una decisión de retorno ante un juez, el reglamento contempla que no se paralice automáticamente la ejecución de la expulsión a no ser que la autoridad judicial así lo decida a petición del migrante.

La tipificación del delito de estancia ilegal en un país quedará a cargo de cada Estado miembro. Finalmente, la detención de migrantes en domicilios ha sido finalmente eliminada del texto del Parlamento tras las negociaciones.

Rechazo de la izquierda y de ONG

El texto aprobado fue rechazado por partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas. Estos sostuvieron que la iniciativa no está alineada con un enfoque europeo, sino que muestra un giro a la extrema derecha por parte de los populares. 

Poco después de que el expediente se votase en comisión parlamentaria, se reveló además que los negociadores del PPE y de los dos grupos más a su derecha en el espectro ideológico habían creado un grupo de Whatsapp para coordinar posiciones.

También ha sido criticado con dureza por entidades como Amnistía Internacional (AI). «Hoy el Parlamento Europeo ha votado para expandir los planes punitivos y de detención restrictiva y deportación de la UE», afirmó Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de AI, ha denunciado además que el texto se ha negociado de forma acelerada «sin un escrutinio adecuado y valoraciones de derechos humanos significativas». 

Su aprobación «marca una tendencia creciente hacia políticas migratorias cada vez más dañinas, excluyentes y draconianas». Todo ello tendrá «repercusiones preocupantes para el proceso debido y la elaboración de políticas basada en la evidencia». En este sentido, Geddie señala que «lejos de reducir la irregularidad, estas propuestas amenazan con atrapar a más gente en situaciones precarias». 

Entre las cuestiones más preocupantes del Reglamento de Retorno, la directora europea de AI subraya que «expande ampliamente el uso de la detención y por periodos más largos de tiempo», algo que incumple estándares internacionales. Y apunta asimismo a que «la gente se arriesga a ser enviada» a centros de retorno «en países que nunca han pisado».