La escuela católica recuerda en el inicio de curso que es «parte del servicio público»
El secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, denuncia que en algunas comunidades autónomas «se privilegia» a los centros de titularidad pública
Este martes comienza para gran parte de los alumnos un nuevo curso. El segundo de la COVID-19 y el primero completo de la nueva ley de educación, la LOMLOE. Tanto el desarrollo de la ley —faltan los decretos de evaluación, enseñanzas mínimas, conciertos…— como el virus seguirán marcando el paso de la educación en nuestro país. En este contexto, Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, denuncia que en algunas autonomías se «están privilegiando» a los centros de titularidad pública frente a los concertados.
Lo han podido comprobar en la admisión de alumnos en La Rioja o en Galicia, donde la Administración ha hecho el reparto de plazas sin pasar por los colegios y sin contar con la opinión de los padres. Así, explica Huerta, «dejan a los concertados para lo último».
Además, en lo que se refiere a las medidas ante la COVID-19, constata que algunas comunidades autónomas solo han bajado las ratios o enviado profesores de refuerzo a los centros de titularidad pública.
«Como ha dicho la ministra de Educación, Pilar Alegría, la enseñanza concertada nace como servicio público. Somos parte del servicio público. No queremos quitar plazas a nadie, sino que se garantice que los padres puedan elegir», ha añadido Huerta en conversación con Alfa y Omega. Según ha confirmado, a lo largo del mes de septiembre mantendrán una reunión con Pilar Alegría.
Se congratula tanto de las manifestaciones como de los primeros encuentros —se reunió con las familias— de la nueva titular de Educación y que tenga «esa voluntad de diálogo que está fraguando en gestos concretos». Eso sí, confiesa que le preocupa que cada vez que Alegría muestra su intención de dialogar con la concertada, sus socios de Gobierno de Unidas Podemos «le recuerden que ese no es el camino, sino privilegiar a la pública».
«La convivencia entre redes ha sido positiva. Hay cosas que mejorar y que mejoraremos. Por nuestra parte, hay voluntad de encuentro y diálogo, pero nos preocupan las propuestas de Unidas Podemos», añade.
También le preocupan las aportaciones de este grupo a la nueva ley de Formación Profesional, de modo que siga la misma línea que la LOMLOE y no se tenga en cuenta y «se ningunee» a centros católicos con una larga tradición y compromiso.
Medidas COVID-19
Sobre las medidas frente a la COVID-19 y la organización, Huerta señala que en el inicio de este curso hay más claridad. Eso sí, ha lamentado que hay desequilibrios en la aplicación de medidas entre comunidades autónomas, lo cual genera una falta de equidad.
En lo que respecta a los colegios católicos y a sus equipos directivos, apunta que la situación la afrontan de una forma diferente: «Tienen más claro lo que hay que hacer si ocurre cualquier eventualidad y también experiencia. El curso pasado fue muy positivo».
El Defensor del Pueblo ha hecho pública una nota en la que reclama a las distintas administraciones que «aporten todos los recursos materiales y personales extraordinarios que sean necesario para conjugar la seguridad del alumnado y el personal del centro con el deseado regreso a las aulas durante toda la jornada lectiva».
La institución que dirige Francisco Fernández Marugán sostiene que es necesario ofrecer el apoyo y el respaldo necesario para «evitar que esta crisis sanitaria tenga un impacto negativo en la educación».
En este sentido, cree que es imprescindible garantizar la presencialidad, pues la educación no presencial «ha generado brechas de desigualdad a nivel educativo y social que tienen una clara correspondencia con el nivel socioeconómico y cultural de las familias».