La diócesis de Málaga niega que un segundo sacerdote haya sido detenido

El Obispado de Málaga ha negado en la noche de este miércoles que el sacerdote Roberto Bocanegra haya sido detenido por infringir una orden de alejamiento, tal y como habían publicado algunos medios. Se trata de un sacerdote extradiocesano que ejerce como párroco de las localidades de Canillas de Aceituno, Sedella y Salares. En un comunicado, la diócesis andaluza ha explicado que «el Obispado ha contactado con el interesado y se encuentra de retiro unos días fuera de su pueblo».

«Tanto el sacerdote como la señora que lo acusa se denunciaron mutuamente por acoso», continúa la nota de prensa. «La Policía le tomó declaración en su día», pero «después regresó a su casa». Tras efectuar estas diligencias, «solo le impusieron a él la orden de alejamiento». Orden que, según ha asegurado a la diócesis malagueña el abogado particular de Bocanegra, «el sacerdote no ha quebrantado».

«El Obispado conocía las desavenencias entre ambas personas», admite el comunicado de este miércoles. «Pero no podía intervenir al tratarse de cuestiones personales entre dos mayores de edad». Por otro lado, asegura que «desconocía la existencia de la orden de alejamiento». La nota concluye subrayando que «los hechos se encuentran en fase de investigación». Por este motivo, pide «esperar a que finalice la instrucción de este procedimiento para hacer una justa valoración» de los mismos.

Sacerdote en prisión preventiva

Esta noticia se produce poco más de una semana después de que el 25 de septiembre se produjera el ingreso en prisión preventiva de otro sacerdote de la diócesis, acusado de presuntamente agredir sexualmente a varias mujeres, a las que sedaba y grababa. En esa ocasión, el Obispado expresó su «condena más profunda y contundente contra cualquier tipo de vejación o abuso a la mujer».

El lunes pasado, se hizo pública una carta pastoral del obispo diocesano, Jesús Catalá, en la que insistía en su «repulsa y condena más profunda y contundente contra cualquier tipo de vejación o abuso a la mujer». Explicaba que el Obispado ha decidido personarse en calidad de acusación particular en el caso contra el sacerdote. Además, ha iniciado el procedimiento para la expulsión del estado clerical del mismo, según la normativa canónica.

Catalá reconocía que «todos nos hemos sentido consternados, escandalizados y descorazonados. Así lo han compartido bastantes sacerdotes en los mensajes que me han hecho llegar en estos días».