La deuda del desierto

En la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental, nuevas líneas aéreas llegan a su aeropuerto, crece el puerto, brotan resorts en la costa y se multiplican las cometas de kitesurf en el mar. Incluso es el escenario de la nueva película La Odisea, del director Christopher Nolan. Mientras, en el otro lado de la frontera, en Argelia, 175.000 saharauis viven en el exilio de los campamentos de refugiados, que adoptan los nombres de las ciudades que dejaron atrás en la antigua colonia y provincia española del Sáhara; incluida Dajla.

La descolonización nunca llegó al Sáhara Occidental, administrado por España desde finales del siglo XIX hasta 1975, cuando firmó los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Se retiró en favor de Mauritania y Marruecos ante la presión de este último, que había organizado la Marcha Verde —o Negra, según quien responda—, una columna de 350.000 civiles y militares para reclamar el enclave. Mauritania abandonó el territorio en 1979, mientras que Marruecos construyó el segundo muro defensivo más extenso del mundo para garantizar su autoridad.

Antes de eso, durante la descolonización de África a mitad del siglo XX, España había transformado la colonia del Sáhara en una provincia, pretendiendo eliminar su estatus colonial frente a Naciones Unidas, sin éxito. La ONU incluyó al Sáhara en la lista de territorios no autónomos y solicitó la celebración de un referéndum de autodeterminación. España anunció que se realizaría en la primera mitad de 1975, pero Hasan II, rey de Marruecos con aspiraciones sobre el territorio, solicitó a la Corte de La Haya que se pronunciase sobre un posible derecho histórico marroquí. El tribunal rechazó esta tesis y confirmó el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y, por tanto, la nulidad del Acuerdo Tripartito. Pero Rabat siguió adelante.

La nueva ocupación provocó un desplazamiento masivo: entre 40.000 y 50.000 saharauis se refugiaron al otro lado de la frontera, en Argelia. El Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui —creado unos años antes— se rebeló tomando las armas y arreció una larga guerra. Los acuerdos de paz con Marruecos, que contemplaban la celebración de un referéndum, no llegaron hasta 1991.

España ya había elaborado un censo en 1974, rechazado por Marruecos. La ONU presentó uno nuevo en 1999, que tampoco fue aceptado. Y en 2007 Rabat presentó su alternativa, el plan de autonomía bajo su soberanía. El Polisario se opone por excluir el derecho de autodeterminación y, en 2020, declaró roto el alto el fuego. El conflicto continúa.

Según la Carta de Naciones Unidas, las metrópolis tienen la obligación de descolonizar el territorio y no quedan eximidas solo por retirarse. Por tanto, España sigue siendo potencia administradora de iure, aunque no de facto, del Sáhara Occidental. Hasta 2022 reivindicaba el mandato de la ONU para la celebración del referéndum. Entonces se produjo el giro sin debate público ni consulta parlamentaria: «España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 es la más seria, creíble y realista», afirmó el Gobierno en una carta publicada por Rabat.

En su primer mandato, Trump había reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara y, ahora, la lista de países alineados con Rabat aumenta. Recientemente el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó la propuesta marroquí de autonomía. Hasta este giro internacional, el Tribunal de Justicia de la UE marcaba una línea jurisprudencial clara: el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, por lo que anulaba los acuerdos comerciales y pesqueros de la Unión Europea con ese país por incluir los recursos saharauis.

Y es que Marruecos necesita del rico desierto saharaui: su banco pesquero le convierte en el 15 productor mundial de pescado. Tiene las mayores reservas del mundo en fosfatos, claves para fertilizantes. Exporta enormes cantidades de arena y, bajo sus aguas, aparecen cobalto, litio o tierras raras como el telurio.

Para mantener estos preciados recursos, Marruecos influye por distintas vías: instrumentaliza los flujos migratorios, lo que llegó a desembocar en la tragedia de Melilla, en la que desaparecieron al menos 77 personas, después de que España atendiera médicamente al secretario del Frente Polisario, Brahim Gali. En el ámbito político, se acusó a Marruecos de sobornar a eurodiputados y a sus entornos para intervenir en las votaciones de ámbito europeo. A nivel nacional, el mismo Parlamento Europeo señaló a Marruecos como posible responsable del espionaje a altos cargos españoles, incluido el presidente, a través del spyware Pegasus.

Frente a esta presión y un llamado «colchón de intereses» compartido, el pragmatismo de no molestar al vecino se impone. El Sáhara Occidental es el territorio más extenso del mundo pendiente por descolonizar y 2026 será un año clave: se dilucidará si la vía de la legalidad internacional se mantiene o se transforma en un conflicto militar abierto. La población continúa dividida entre los campamentos y los territorios ocupados, donde se enfrentan a discriminación económica y restricciones políticas. Tras medio siglo de espera, el destino del Sáhara Occidental sigue pendiente.