La Corte Internacional juzga la persecución a los rohinyá, pero «nadie quiere hacerse cargo de ellos»

El comienzo en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya (Países Bajos) del juicio contra Myanmar por un presunto delito de genocidio, ha vuelto a poner el foco en la persecución contra los rohinyá y el hacinamiento de un millón de ellos en Cox’s Bazar, en el vecino Bangladés. Un drama ensombrecido por la guerra civil que desde 2021 asola la antigua Birmania. Hace unos meses, el periodista de El País Juan Antonio Aunión visitó estos campos junto con Álvaro de la Rúa y Samuel Sánchez, donde grabaron el documental Entre el barro y el olvido, acompañado también de un amplio reportaje escrito.

—¿Cómo fue la experiencia de visitar esos enormes campos de refugiados?
—Lo preparamos durante varias semanas con la gente de UNICEF, que era quien nos proporcionaba la entrada. Estuvimos cinco días en los campos. Allí no es fácil moverse y además a partir de las 17:30 horas todos los cooperantes y visitantes tienen que salir porque es un sitio peligroso.

—¿Por qué?
—Hay grupos armados que controlan una parte de los campos. Siempre han tenido cierta presencia, pero su fuerza crece a medida que disminuye la capacidad de los organismos internacionales. También crece su capacidad de captación a medida que la situación es más desesperada. Vienen de Rakáin (Myanmar) y tienen presencia a ambos lados de la frontera. Estuvimos hablando con un chiquillo al que habían secuestrado. Los secuestran, los llevan al otro lado y después de seis meses, recibiendo palizas y realizando tareas domésticas, si aguantan comienza su entrenamiento militar.

—Sorprende que siga llegando gente a Cox’s Bazar, más de 150.000 en algo menos de dos años.
—Es lo de siempre: el colectivo más débil cuando hay un conflicto siempre lleva las de perder. Y en Rakáin, de donde son los rohinyá, se juntan muchos. Están en medio de una guerra civil. La mayor parte de la región la controla el Arakan Army (AA), que los está usando como escudo y punta de lanza en combates contra el Ejército. Ni ellos ni el Gobierno central han tenido tradicionalmente ningún respeto a los rohinyá.

También hay análisis que dicen que el AA para financiarse se está quedando con parte de las actividades ilegales que antes controlaban los grupos armados rohinyá. Estos, a su vez, llevan su actividad a los campos de refugiados y aumenta la extorsión y la violencia hacia gente que no tiene nada. El Gobierno de Bangladés está cada vez más agotado porque lleva muchos años con este problema y no sabe cómo va a solucionarlo. Y los grupos humanitarios están cada vez peor financiados.

—Dicen que de 934,5 millones de dólares que necesitan, solo han recibido 330. ¿Qué consecuencias tiene esto?
—Los organismos internacionales tienen que recortar y tomar decisiones. Por ejemplo UNICEF tuvo que cerrar las escuelas, que atendían a miles de niños. Solo han podido reabrir los cursos de los mayores, a partir de 12 o 13 años, porque son los que corren más peligro de reclutamiento y, las niñas, de que las casen. Eso me lo decían ellas. Si la escuela está abierta, pueden hacer fuerza, prometer formarse y buscar trabajo.

No sabían cuánto tiempo más mantener las raciones de comida para todos. Estaban a punto de tener que recortar las de jabón, que es fundamental en un sitio donde son un problema muy grave la sarna y un montón de enfermedades relacionadas con la higiene y potencialmente mortales. También tienen que recortar muchos puestos de voluntarios locales.

—¿Quiénes son estos voluntarios?
—La política de los organismos internacionales es intentar que los mismos refugiados sean los sujetos de su día a día. Por ejemplo son voluntarios de entre ellos los que organicen el saneamiento, el reparto de agua. Otros recorren las casas no solo para informar sobre los servicios sanitarios sino que también van echando un ojo por si hay algún problema de maltrato. Son comunidades muy conservadoras, que viven apiñados, sin perspectivas de futuro y perdiendo la esperanza. Por ello, los problemas de convivencia y salud mental aumentan.

—Entre todas estas circunstancias tan terribles, ¿qué ha sido lo que más le ha impactado?
—En negativo, la madeja de problemas que en principio parecen imposible de resolver. Están completamente olvidados. Volver ahora mismo con seguridad a su tierra, que es lo que les gustaría, parece absolutamente inviable. El Gobierno de Bangladés ha pedido intentar un reparto en terceros países, pero nadie ha respondido. Más allá de financiar, nadie quiere hacerse cargo. La solución parece muy complicada a medio, e incluso a largo plazo. Pero intento ser positivo.

—¿En positivo le ha impresionado algo?
—Que se puede ver claramente para qué sirve la ONU, para hacerse cargo de las cosas que parece que no importan a nadie más. Si no existieran organismos como este, como ACNUR, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, que llevan la voz cantante aparte de las ONG…

Y por otro lado las ganas de salir de ahí y de mejorar. Un padre me decía: «Nos están pasando muchas cosas pero queremos priorizar la educación porque nos han hecho lo que nos han hecho porque no nos hemos podido educar».