La Conferencia Episcopal encarga una auditoría independiente sobre los abusos en la Iglesia
La firma Cremades & Calvo-Sotelo abrirá un cauce para recibir denuncias, revisará los procedimiento jurídicos y ofrecerá su colaboración a las autoridades
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado este lunes que ha encargado a la firma Cremades & Calvo-Sotelo la realización de una auditoría independiente sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España.
Este despacho, según ha informado la propia CEE, «abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias, revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto».
Este nuevo mecanismo será presentado este martes en rueda de prensa por el presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, y por el presidente de Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades.
La decisión de realizar la auditoría llega después de semanas de debate público sobre la pertinencia o no de una comisión de investigación a raíz de la propuesta de varios grupos en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el Gobierno es partidario de que sea el Defensor del Pueblo el que lidere la investigación de los casos.
Dentro de la Iglesia, han sido varios los obispos los que no ven con malos ojos que se pueda hacer una revisión de estos crímenes en las últimas décadas. El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, confesó en una entrevista en El Confidencial que no tiene «inconveniente» en que se cree una comisión independiente de investigación, siempre «que se haga desde la verdad y en todos los ámbitos».
El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, sostiene que «una eventual investigación encargada a instancias solventes, prestigiosas y veraces» se revela como «necesaria».
Por su parte, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, afirma que es el poder judicial el que debe investigar y sentenciar ante un delito, aunque valora la propuesta de un informe dirigido por el Defensor del Pueblo como «una medida de transparencia y justicia».