La condena a muerte de una cristiana en Pakistán cuestiona el papel de la UE

La cristiana pakistaní Shagufta Kiran, casada y madre de cuatro hijos, trabajaba como enfermera. Su vida cambió en julio de 2021 cuando un musulmán, Sheraz Ahmed Farooqi, la acusó de hacer comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma en un grupo de WhatsApp. Amparándose en las leyes antiblasfemia del país, el 18 de septiembre el juez Muhammad Afzal Majoka, de la Agencia Federal de Investigación, la condenó a muerte.

Para Joseph Jansen, activista en defensa de la libertad religiosa y miembro de la Comisión Nacional por la Justicia y la Paz, la organización que está ofreciendo apoyo legal a la mujer, su caso es una muestra de cómo «las minorías religiosas, especialmente los cristianos, se están enfrentando cada vez más a acusaciones falsas». Detrás de ellas hay «rencores personales, disputas sobre propiedades o discriminación religiosa», según afirmó a UCA News.

Paradójicamente, la condena a Kiran se ha producido entre dos momentos importantes en la relación entre su país y la Unión Europea. Durante la primera quincena de septiembre, el Enviado especial de la UE para la Promoción de la Libertad Religiosa o de Creencia, Frans van Daele, visitó el país asiático. Y el pasado viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, durante la Asamblea General de la ONU.

Estatus privilegiado

La coincidencia ha llevado a algunos observadores a preguntarse si la UE está haciendo todo lo que puede para defender la libertad religiosa en Pakistán. Instrumentos no le faltan. José Luis Bazán, asesor jurídico de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), subraya a Alfa y Omega que el país musulmán es un socio comercial privilegiado de la UE, como beneficiario del Sistema General de Preferencias + (GSP+ por sus siglas en inglés).

«Es el instrumento más beneficioso» para las naciones que quieren exportar productos a la UE, pues a su amparo «las tarifas aduaneras pueden llegar a ser cero», explica. Según datos oficiales difundidos por el portal The News, desde que Pakistán accedió a este sistema el 1 de enero de 2014 y hasta 2022 sus exportaciones a la UE más que se duplicaron, al aumentar un 108 %. En el curso 2023-2024, su valor estaba en 7.900 millones de euros. En 2022, alcanzaron los 9.400 millones.

Sin embargo, este sistema «tiene una cláusula de condicionalidad ligada al cumplimiento de convenciones internacionales» y al respeto a los derechos humanos y a políticas de lucha contra el cambio climático y de mejora de la gobernanza, apunta el asesor de COMECE. Esto implica que, en teoría, la UE podría penalizar la falta de libertad religiosa en Pakistán dejándolo fuera del GSP+.

De hecho, está previsto que a comienzos de 2025 empiece la evaluación de hasta qué punto este país cumple los requisitos para seguir sacando rédito a estas ventajas comerciales. La visita de Van Daele se presentó como una primera toma de contacto a este respecto. La cuestión también estuvo presente en el encuentro entre Von der Leyen y Sharif. El primer ministro aprovechó la ocasión para subrayar el «constante compromiso político» de su país para implementar el GSP+.

Sin voluntad política

A Pakistán le interesa mantenerse dentro de este sistema. Con todo, Bazán no es optimista ante la pregunta sobre si este sistema se está utilizando realmente para ejercer presión a favor de los derechos humanos. «Mi impresión particular es que ninguna. Todos los signos apuntan a que la posición de la Comisión Europea en general suele ser favorable a la renovación», sin exigir mucho a cambio. «No ha habido voluntad política de modificar» los privilegios de Pakistán a pesar de que «han existido razones para ello».

Esta ambigüedad es posible porque «no se trata de un mecanismo de aplicación automática» en el que «si no cumples no se te da el beneficio». Más bien «la UE lo utiliza discrecionalmente». Es decir, se puede mantener empleando alguna variante de la fórmula «el país no cumple los requisitos pero va por el buen camino», señala Bazán.

El asesor de COMECE reconoce que «Pakistán es un país complicado», que aplica legislación de inspiración musulmana por ejemplo en los casos de la conversión y la blasfemia. Esto no solo afecta a los cristianos, sino incluso a los musulmanes de la corriente ahmadi, considerados extraños al islam y fuertemente penalizados. Con todo, «desde hace muchos años se pide que avance en la libertad religiosa de las minorías» y «no se ha mejorado nada; más bien al contrario», como demuestran casos como el de Shagufta Kiran.

Ni siquiera el responsable de libertad religiosa de la UE «buscó directamente una denuncia» de estos hechos durante su visita al país, abunda Bazán. «Su predecesor, Jan Fiegel, sí fue muy asertivo» sobre esta cuestión y siempre subrayó que «hay una relación directa» entre el estatus como beneficiario del sistema GSP+ y el respeto a la libertad religiosa. «Eso no ha ocurrido en el viaje de Van Daele en septiembre». «No veo ningún signo que indique que realmente están exigiendo que se respeten los convenios internacionales en cuestión de libertad religiosa».