La Comisión de Educación del Congreso aprueba el dictamen de la ley Celaá

El Gobierno ha aprobado este viernes en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso el dictamen de la ponencia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ley Celaá, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.

La representante de Bildu, se ha ausentado de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra, informa Europa Press.

El apoyo conseguido este viernes en la comisión no sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de la próxima semana, en donde el dictamen será de nuevo debatido y deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), ya que se trata de una reforma de una ley orgánica, y continuar su tramitación en el Senado.

El dictamen recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, cuestión que ha suscitado una gran polémica.

De hecho, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC) si es apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara Baja.

El texto también incluye: el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados puedan diferenciar entre niños y niñas; la eliminación de la demanda social; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de diez años.

En cuanto al debate, las críticas a la ley han llegado principalmente de PP, Vox y Ciudadanos, que se han centrado en los temas más polémicos que se han hecho públicos desde que se conoce el contenido de la LOMLOE o los acuerdos a los que se ha llegado en su tramitación: la inmersión lingüística, la repetición de curso y la situación de la concertada y de los colegios especiales o la Alta Inspección Educativa.

Debate intenso

La diputada del PP en el Congreso Sandra Moneo ha acusado al PSOE de no haber buscado el acuerdo y de ser «el peor enemigo de la educación» a través de una ley que «ataca la libertad frontalmente y la calidad del sistema». La portavoz de Educación popular ha lamentado que el texto hable de «inclusión» sin tener en cuenta la «equidad» y que por ejemplo, no distinga entre las necesidades de los menores con diferentes discapacidades. «Con sus medidas hundirán al más débil», ha advertido.

Para Vox, esta norma es «un entreguismo a quienes quieren romper España», según la ha definido su portavoz en esta materia, Joaquín Robles López. Su compañera Georgina Trías, por su parte, ha criticado la falta de libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.

Muy crítica ha sido también la representante de Ciudadanos en esta comisión del Congreso, Marta Martín, quien ha calificado la ley como una «vergüenza» y considera que es de «dudosa garantía democrática».

La norma tampoco ha gustado al diputado de Navarra Suma Sergio Sayas, para quien esta ley se ha tramitado con «escaso carácter democrático» y «totalmente de espaldas al sector de educación». A su juicio, es un «castigo» a la escuela concertada, «anula» la educación diferenciada, algo «claramente inconstitucional», y con ella «va a ser difícil» poder estudiar en español en algunas comunidades.

Los partidos en el Gobierno defienden el texto

Mientras, los partidos en el Gobierno han defendido el texto de Celaá. Desde el PSOE, su portavoz en esta materia, Luz Martínez Seijo, ha criticado que la derecha haya dedicado el debate a «repetir mantras» que «no son verdad». Así, ha negado el cierre de colegios especiales, que no se haya contado con la comunidad educativa para la redacción del texto o que los inspectores no vayan a acceder a la Alta Inspección Educativa a través de oposición.

El diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna, por su parte, ha indicado que la LOMLOE va en dirección de «blindar» la educación pública y «hacia una escuela más moderna, más diversa, donde la igualdad sea ley».