Acusan al Gobierno de Nicaragua de «fraude electoral» y «crímenes de lesa humanidad»

Cuando queda poco más de una semana para las elecciones presidenciales en Nicaragua, que se celebrarán el domingo 7 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un duro comunicado en el que alerta de la concentración de poderes en el país, del debilitamiento del estado de derecho o del profundo deterioro en materia de derechos humanos. La comisión llega incluso a denunciar «graves violaciones a los derechos humanos» que podrían «calificarse de crímenes de lesa humanidad».

La concentración del poder por parte del Ejecutivo, por ejemplo, «ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial», donde los gobernantes tienen «instalado un régimen de terror y de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales», asegura la CIDH.

Asimismo, la concentración ha permitido «al Ejecutivo la emisión de una serie de normas y reformas utilizadas para reprimir, perseguir, censurar, asegurar privilegios y, en definitiva, poner fin a la participación de la oposición en las próximas elecciones de noviembre de 2021». El objetivo de Ortega, según la comisión, es «perpetuarse de forma indefinida en el poder y mantener sus privilegios e inmunidades, en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural».

La comisión también advierte de la detención «arbitraria» de «todas las personas que expresaron públicamente su interés de participar como candidatas» en las elecciones. Todavía hoy «permanecen detenidas», lo que «hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre, en detrimento del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía».

Participación de la sociedad civil

Ante este panorama, el gran desafío, según la CIDH, «es buscar fórmulas para la participación de la sociedad civil» y restablecer «las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático», así «como garantizar las condiciones para la realización de elecciones justas, libres y transparentes».

Con este objetivo, la comisión ha recomendado a Nicaragua «adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis de derechos humanos»; «liberar a todas las personas detenidas el contexto de la crisis iniciada en el 2018»; «iniciar procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas»; o «propiciar y sostener un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo con la sociedad civil».